La defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli solicitó una audiencia de control al magistrado juez de garantías Harry Díaz para argumentar supuestas afectaciones con relación al allanamiento que se efectuó por solicitud suya, el pasado martes, en la empresa Importadora Ricamar, en Monte Oscuro, propiedad de la familia del exmandatario.
Nicolás Brea, del equipo de abogados de Martinelli, presentó un escrito a las 9:45 a.m. de ayer en la Corte en el que argumenta que las garantías de la empresa fueron afectadas tras el allanamiento que ejecutó el magistrado Abel Zamorano en funciones de fiscal.
Brea dijo que el escrito consiste en una petición para que el magistrado Díaz escuche los argumentos que tiene la defensa, ya que la imagen de la empresa está siendo afectada en el aspecto financiero y económico, así como la estabilidad laboral de los colaboradores.
Tras el allanamiento, el magistrado Zamorano remitió un comunicado, en el que aseguró que la diligencia no afectó el funcionamiento administrativo ni económico de la empresa y que la misma no fue motivada por ningún tipo de presión política.
Libros contables de la empresa, así como otros documentos de este tipo y los registros de entrada y salida a Importadora Ricamar entre 2009 y 2014 fueron asegurados durante el allanamiento, explicó el magistrado Zamorano.
La diligencia guarda relación con el proceso que se le sigue en la Corte a Martinelli, luego de que Cristóbal Salerno, accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), declaró que entregó bolsas con dinero en efectivo hasta con $400 mil y $600 mil al expresidente en esas oficinas, producto de las comisiones que obtuvo del contrato para gestionar el cobro de impuestos del Estado.
El 23 de septiembre de 2015 la Corte admitió abrir el proceso a Martinelli.