Líderes sociales están demandando a las autoridades mayor atención en la protección de personas que velan por los derechos humanos.
Magaly Castillo, miembro de la Red de Derechos Humanos de Panamá, subrayó que las amenazas a defensores de los derechos humanos son un tema que ha sido abordado con autoridades de la Defensoría del Pueblo.
Usó como ejemplo los casos de Ligia Arriaga, quien tuvo que abandonar el país mientras luchaba por la protección del humedal Laguna de Matusagaratí. También el de la activista Larissa Duarte, en Veraguas, quien defiende el río Cobre, así como a los miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrentan una demanda civil millonaria por oponerse a la construcción de un edificio que consideran “incumplía” normas urbanas.
Por su parte, María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, manifestó que con este tipo de acciones que buscan intimidar no los silenciarán.
“Estamos alerta ante lo que sucede”, manifestó Chávez, quien ha detallado que la Red presentó unas 40 denuncias contra construcciones privadas y públicas por incumplimiento de normas.
Estos grupos se han reunido con el defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien también reconoce que estas medidas de hostigamientos no se habían visto contra los defensores de derechos humanos.
Según Castillero Hoyos, en estos encuentros acordaron la elaboración de un protocolo que garantice la protección de los defensores de derechos humanos del país, como sucede en otras partes del mundo. “Además del protocolo, también se evalúa crear una propuesta de ley que atienda el tema”, dijo.
El defensor del pueblo detalló que para fortalecer este documento aprovecharán la próxima sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevará a cabo en el país del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
Durante esta sesión también se celebrarán audiencias públicas sobre situaciones de derechos humanos, así como reuniones con organizaciones de derechos humanos de la región y con representantes de Estado.
Lo concerniente al protocolo para proteger a los activistas será tratado el 2 de diciembre, cuando se reúnan el defensor del pueblo, organizaciones como la Red de Derechos Humanos, y Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Para la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, en las últimas décadas las normas desfavorecen al ciudadano, al punto de que la justicia ordinaria lo ratificaba con los fallos. Por tal razón, argumentó que están generando nuevas normas que sean más equitativas con la ciudad y el ciudadano, como el plan de ordenamiento para San Francisco.
“El sistema de normas urbanísticas y la justicia están desbalanceadas”, aportó.