La Ley 7 del 5 de febrero de 1997 creó la Defensoría del Pueblo como una institución diferente a todas las demás, ya que su finalidad era, quizás, la más noble de todo el Estado panameño: promover la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes.
En un país que apenas ocho años atrás vivía bajo una cruenta dictadura castrense, que terminó por vía de una infame invasión militar extranjera, el rol establecido para la Defensoría pareció utópico.
En los 22 años de su existencia, la Defensoría ha sido presidida por cuatro hombres y tres mujeres. De estos, dos defensores -Liborio García y Patria Portugal, no terminaron su periodo.
Los precedentes
Los primeros dos defensores del Pueblo: Ítalo Antinori Bolaños y Juan Antonio Tejada Espino, habían sido reconocidos por su historial y trayectoria.
Marcaron distancia frente a los poderes públicos e incluso eran fuente constante de una crítica dura contra el gobierno de turno, con el que les correspondió lidiar.
Las cosas cambiarían con la designación del abogado Liborio García Correa, que el 24 de marzo de 2006 fue escogido con 48 votos de los 76 diputados que conformaban entonces el Legislativo.
García Correa era un conocido del círculo cercano del entonces presidente Martín Torrijos.
Como defensor del Pueblo, Liborio García Correa duró apenas tres meses, ya que un prolongado escándalo causado por las protestas de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer contra su persona, empantanaron su gestión. García Correa había sido denunciado por maltrato por su esposa, pero el caso fue sobreseído.
La noche de 30 de junio de 2006, García Correa fue destituido por el voto de 75 de los 76 diputados. La causal era una sorpresa: participó en una actividad proselitista del diputado Sergio Gálvez, lo que está prohibido por el artículo 13 de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Patria Portugal, primera mujer en convertirse en defensora del Pueblo, asumió el cargo el 4 de abril de 2011 y fue separada por la Corte Suprema de Justicia el 24 de julio de 2013, tras acusaciones de peculado investigadas por el Ministerio Público.
El pleno de la Asamblea Nacional removió a la defensora Patria Portugal por negligencia en el desempeño de su cargo el 5 de agosto de 2013.
El actual defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, no ha tenido acceso al expediente que en su contra levantó la Asamblea Nacional. En vista de esto, no ha realizado sus descargos.
La Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional le remitió a Castillero Hoyos un cuestionario ofensivo y en extremo personal, indagando sobre su vida íntima y sus relaciones afectivas. Esto es verdaderamente inaudito en la historia legislativa panameña.
Para que Alfredo Castillero Hoyos pueda ser separado en propiedad por la Asamblea Nacional se necesitaría una causal establecida en la Ley 7 de 1997, y además que alcance 48 votos de los diputados del pleno de la Asamblea Nacional.
Esto lanzaría a la Defensoría a una vorágine, que dejaría a los panameños sin una institución que nació para hacer historia.