Una reforma a la ley que regula la defraudación fiscal, aprobada por el Consejo de Gabinete y que será elevada a la Asamblea Nacional, plantea limitar a una sola ocasión la posibilidad de evitar la cárcel a través de un acuerdo con las autoridades y el pago de la suma defraudada.
El texto original de la ley, en su artículo 288-J señala que se eximirá de pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada antes de la sentencia en primera instancia.
No obstante, al no introducirse ningún límite, se entendía que una misma persona podría recurrir a esta salvaguarda tantas veces como fuera investigada por defraudación. El cambio busca que la excepción a la sanción “sea cónsona con el efecto disuasivo que debe tener toda norma penal y que garantice que las sanciones impuestas sean proporcionales, dijo Publio De Gracia, director general de Ingresos.