Un grupo de indígenas ngäbe-buglés presentó ayer ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia una medida de protección de los derechos humanos y la suspensión de la autorización concedida por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) para el llenado del embalse de la hidroeléctrica Barro Blanco.
Héctor Huertas, abogado de los indígenas, dijo que la demanda tiene la intención de preservar la integridad física de los pobladores de las comunidades de Quebrada Caña, Nuevo Palomar, Quebrada Plata, La Bramona y Calabacito, Cerro Algodón, Llano Culebra y Nuevo Palomar, que serían afectados por el llenado del embalse de la hidroeléctrica.
Huertas explicó que la Asep autorizó a la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), encargada de la hidroeléctrica, a iniciar un llenado parcial de la represa para realizar una serie de pruebas de los generadores.
Planteó que el llenado del embalse obligará al desalojo forzoso de las comunidades que se encuentran en sus inmediaciones, lo que resultará en la pérdida de sus tierras.
En el recurso se solicita a la Sala Tercera ordenar la suspensión provisional de la resolución de la Asep, que autoriza el inicio de estos trabajos, hasta la culminación del diálogo que mantiene el Gobierno y representantes de la comarca Ngäbe Buglé.
Además, sostiene que la decisión de llenado y posterior vaciado de la represa de la hidroeléctrica puede tener serias consecuencias en el medio ambiente del lugar, y ocasionar graves perjuicios a la flora y fauna, así como a sus residentes.