El procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, advirtió que la mora del Ejecutivo en la designación de los magistrados que remplazarán a Jerónimo Mejía y Oydén Ortega en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha creado incertidumbre en el manejo de los casos de alto perfil.
González señaló que el Ejecutivo debió hacer las designaciones para estos cargos más temprano, “cuando había condiciones más favorables para la discusión de un tema como este”.
Recordó que desde el pasado 27 de junio, cuando la Comisión de Estado por la Justicia cumplió con el pedido del Ejecutivo de entregar las observaciones sobre los 20 aspirantes a esos cargos, se han aducido varias excusas para no efectuar los nombramientos.
En esa ocasión, la Comisión recomendó para magistrado de la Sala Civil a Juan Francisco Castillo, Luis Camargo Vergara y María Eugenia López Arias; y para la Sala Penal a Luis Mario Carrasco, María Luisa Vijil y Maruquel Castroverde.
Los aspirantes fueron sometidos a una serie de entrevistas sobre su desempeño y ejecutorias en materia judicial.
González dijo que a grandes rasgos pareciera que la administración de justicia no hubiese sufrido con la demora en la designación de los magistrados, pero indicó que sí se ha creado una especie de incertidumbre sobre los casos de alto perfil que manejan los magistrados Mejía y Ortega, a quienes se les venció el período en la Corte el 31 de diciembre de 2017.
Mejía hace funciones de juez de garantías en el proceso que se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos.
Mientras, Ortega es ponente de, al menos, dos amparos de garantías constitucionales interpuestos por la defensa del exgobernante en ese mismo proceso, uno de ellos que ataca la competencia de la CSJ para continuar con el caso, tras la renuncia del exmandatario como diputado del Parlamento Centroamericano.
Por su parte, la diputada Ana Matilde Gómez, representante del Legislativo en la Comisión de Estado por la Justicia, opinó que la designación de los magistrados es un pendiente inaceptable del Ejecutivo.
Consideró que no debería existir problema para la designación de los dos nuevos magistrados si esta se hace atendiendo las recomendaciones que hizo la Comisión.
Dijo que en el grupo de 20 postulados ponderados por la Comisión hay personas con los méritos y competencias para desarrollar esta labor sin temor a las presiones políticas o del crimen organizado.
Recalcó que ya ha llegado el momento de que los ahora candidatos presidenciales demuestren, a través de los diputados de sus bancadas, que pueden llegar a un consenso para ratificar a los magistrados para la CSJ.
El presidente Juan Carlos Varela anunció que convocaría al Legislativo a sesiones extraordinarias para que considere las designaciones de los nuevos magistrados, pero el Consejo de Gabinete aún analiza los nombres de los aspirantes.
En enero de 2018, la Asamblea Nacional rechazó las designaciones que hizo el Ejecutivo de la fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore y de la abogada Ana Lucrecia Tovar.
En esa ocasión, quedó pendiente la ratificación de los magistrados suplentes Luis Camargo, Katia del Carmen Di Bello y Judith Cossú de Herrera.