Dos funcionarias de la Oficina Judicial del sistema penal acusatorio (SPA) en Panamá Oeste denunciaron ante el Ministerio Público al juez de cumplimiento Héctor Zarzavilla –quien ejerce en esa jurisdicción– por la supuesta comisión del delito de violencia de género.
Las funcionarias Cindy Ortega y Annette Pierrene afirmaron que han sido víctimas de abuso de autoridad, ofensas e insultos por parte del mencionado juez.
Fuentes judiciales informaron que Ortega es la más afectada. De hecho, declaró a las autoridades del Ministerio Público que ha sido insultada por Zarzavilla durante su hora de almuerzo frente a sus compañeros de trabajo.
Ortega, quien dio a luz hace pocos meses, también narró que en una ocasión estaba en su oficina realizando su periodo de lactancia y el juez le tomó fotografías, pese a que se trata de una actividad amparada por la ley. De hecho, es un derecho que está consagrado en el artículo 114 del Código de Trabajo.
“Toda madre cuando esté lactando dispondrá en los lugares donde trabaja de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o, si lo prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto de alimentar a su hijo”, dice la norma.
Como consecuencia de la denuncia, las dos funcionarias tienen protección judicial para evitar ser destituidas. También tienen vigilancia policial.
De acuerdo con los parámetros del sistema penal acusatorio, corresponde a un fiscal del Ministerio Público investigar las acusaciones contra el juez.