Denuncian 5 mil arrestos políticos

Un informe elaborado por la oenegé Foro Penal Venezolano desveló que entre enero de 2014 y junio de 2016, el gobierno ha arrestado a 5 mil 853 personas por razones políticas. En 2016 van 2 mil 30. VEA 12A

Denuncian 5 mil arrestos políticos
El Foro Penal mantiene en sus redes sociales una campaña para no olvidar a los presos políticos.

Un informe elaborado por la oenegé Foro Penal Venezolano desveló que entre enero de 2014 y junio de 2016, el gobierno ha arrestado a 5 mil 853 personas por razones políticas. En 2016 van 2 mil 30.

Cinco mil 853 personas detuvo el gobierno de Nicolás Maduro entre enero de 2014 y junio de 2016 por participar en manifestaciones, expresarse –incluso a través de redes sociales– y participar en protestas contra el Gobierno por falta de alimentos, agua y recortes de electricidad, reveló un informe elaborado por el Foro Penal Venezolano. 2 mil 30 de esas detenciones, que el informe califica como políticas, se produjeron durante los seis primeros meses de 2016.

Del total de detenidos en dos años y cuatro meses de recrudecimiento de la crisis política y socio-económica que afronta el país, mil 998 tienen hoy medidas restrictivas de su libertad y están sometidas a procesos judiciales, muchos de ellos irregulares, según la oenegé; otros 96 están en prisión y 20 siguen detenidas a pesar de que se decretó su liberación bajo fianza.

En el presente año, el mes de junio es el que mayor número de detenciones presenta (mil 600), de las cuales 948 fueron efectuadas en el estado Lara. La razón: Pernoctar a las puertas de seis establecimientos de expendio de alimentos y productos de primera necesidad, con la intención de comprarlos, señala el Reporte sobre la represión del Estado Venezolano enero 2014 – mayo 2016. Estas personas fueron liberadas poco a poco en las siguientes 12 horas.

“A pesar de que el Foro Penal ha venido señalando una escalada de la represión del Estado desde 2002, desde 2014 hemos observado que la represión y las detenciones políticas se han incrementado notablemente, convirtiéndose al día de hoy en un patrón de conducta o política de Estado”, señala el documento, de 33 páginas, que está disponible en el sitio web de la oenegé, que se dedica a la defensa de los derechos humanos desde 2002 y que asiste legalmente, de forma gratuita, a la mayoría de los venezolanos detenidos durante este período.

En el marco de este patrón de conducta que denuncia el Foro Penal, el informe destaca “la actuación sistemática y con absoluta impunidad del cuerpo policial y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en casos de tortura y detenciones arbitrarias, así como de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana” y advierte de que a pesar de las denuncias que han realizado, “no existen investigaciones serias” e incluso se mantiene en los puestos o han sido objeto de promoción los funcionarios que fueron denunciados como torturadores.

Según el organismo, que participó en la elaboración de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional –aprobada en la Asamblea Nacional y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia- en el período objeto de su estudio se registraron 145 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos que incluso provocaron la muerte de algunas de las víctimas.

Entre las personas que murieron se menciona, en 2014, José Márquez, quien habría sido asesinado a golpes por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta en Caracas; Geraldine Moreno y Kluiberth Roa, quienes habrían sido asesinados con disparos de perdigones a la cabeza realizados por funcionarios de seguridad del Estado durante protestas en los estados Carabobo (2014) y Táchira (2015), respectivamente. En 2016 también habría sido asesinada, en las mismas circunstancias, Jenny Ortiz, en Táchira.

Denuncian 5 mil arrestos políticos
El Foro Penal mantiene en sus redes sociales una campaña para no olvidar a los presos políticos.

En los casos de tortura y tratos crueles, el Foro Penal asegura haber documentado el uso de descargas eléctricas al menos en 14 casos, violación sexual (3), actos lascivos, amenazas de violación y otros en al menos 10; asfixia con bolsas de plástico (11), múltiples fracturas, politraumatismos (15, incluyendo dos con fractura de cráneo), agresión severa por disparos de perdigones a quemarropa en al menos 10, quemaduras con destornilladores calentados al fuego (3), golpes, maltratos severos con hematomas y lesiones en al menos 82, y no menos de 9 casos en los que se ha denunciado el corte de cabello, especialmente a mujeres, como forma de castigo.

Como ejemplos de estas estadísticas se destaca el caso de Gerardo Carrero, quien está preso desde el 8 de mayo de 2014, cuando fue desalojado violentamente de la plaza Caracas, donde pernoctaba, junto a otras 212 personas en lo que llamaban “campamentos de resistencia”. Todos fueron detenidos y al final 11 quedaron privados de libertad. Carrero es una de cuatro personas de ese grupo que aún sigue preso, sin haber sido condenado por algún delito. De acuerdo con el reporte, “el 21 de agosto de 2014, funcionarios del Sebin [lo] sacaron a la fuerza de su celda y lo esposaron colgado de un tubo al techo durante 12 horas continuas, envolviéndole las muñecas con papel periódico y cinta adhesiva, para dejar la menor cantidad de marcas posibles. Fue golpeado con tres tablas de madera que rompieron contra su cuerpo”. Hoy lo mantienen en un sitio que denominan “La Tumba”, custodiado por el Sebin, donde está aislado del mundo exterior y la luz se mantiene encendida las 24 horas del día. El 2 de junio de 2015 el Foro Penal solicitó la intervención de la Cruz Roja Internacional. A la fecha, el Gobierno no lo ha permitido.

Otro caso de trato de tortura que reseña el informe es el de Joselyn Prato, quien fue encarcelada el 21 de agosto de 2015, junto a su hermano, por lo que los medios venezolanos reportaron como un abucheo a la ministra de Turismo y esposa del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. La joven fue liberada 68 días después. Denunció haber sido objeto de abusos sexuales y tratos inhumanos, como que le sirvieran comida con gusanos, compartir una celda desnuda con nueve mujeres, golpes que le produjeron hemorragias internas y fractura de brazo. “El 16 de septiembre de 2015 su familia fue notificada que Joselyn presentaba sangramiento anal (...). Tras su liberación [sigue] padeciendo del estómago y de crisis depresivas”, señala el documento.

Sobre las posibilidades de denuncia y defensa ante las situaciones mencionadas, el Foro Penal asegura que “a pesar de que en 2014 la Fiscalía del Ministerio Público recibió en una sola oportunidad a [sus] representantes para exponer las denuncias de tortura y detenciones arbitrarias (...) hemos visto que la fiscal general ha preferido negar ampliamente la existencia de casos de tortura de detenidos por motivos políticos, así como los casos de presos y detenidos políticos. Más bien, los fiscales han sido elementos importantes en la fabricación de cargos y evidencias para la detención de personas por motivos políticos, se han hecho de la vista gorda, al igual que los jueces, en cuanto a las denuncias expresas de tortura y tratos crueles (...)”.

Otra denuncia importante que se desprende del informe de detenciones es que se “utiliza la falta de asistencia médica y la enfermedad de los presos políticos como mecanismo de trato cruel e inhumano” y se enumeran 26 casos en los que se ha puesto en evidencia esta situación. Uno de ellos es el de Efraín Ortega Hurtado, quien, además, habría sido torturado.

El reporte relata que Efraín cumple dos años preso este mes y entre las torturas que le habrían infligido refieren que: “Lo esposaron y golpearon fuertemente en varias oportunidades en el pecho, en la cabeza y en la cara. Lo encapucharon con un trapo y lo montaron a golpes en un vehículo para luego trasladarlo a (...) Lo colocaron de rodillas por más de siete horas, y esposado de pies y manos le envolvieron su cuerpo y rostro con papel periódico y cartón. Le colocaron tirro de embalar (...) a los efectos de reducir las marcas cuando lo golpeaban brutalmente con un bate (...) Le realizaron descargas eléctricas en el cuello, cabeza y oídos (...) para obtener información sobre nombres de supuestos cómplices o financistas que jamás había conocido”.

Daniel Morales (18 años) fue detenido en mayo pasado por supuestamente participar en una manifestación que exigía el referendo revocatorio. “Fue golpeado brutalmente y sometido a descargas eléctricas (...) para obligarlo a confesar contra el jefe de seguridad de la Asamblea, también preso. Hoy está incomunicado (...)”, señala el reporte.

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