La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, acusó ayer al gobierno de Nicolás Maduro de “criminalizar” la protesta con el juicio abierto al diputado Freddy Guevara, a quien acusa por 120 muertes ocurridas durante las protestas efectuadas entre abril y agosto.
En un acuerdo aprobado durante una sesión con presencia de diplomáticos de una veintena de países, se responsabiliza a los cuerpos de seguridad por los hechos de violencia y un “uso excesivo de la fuerza” para disolver las manifestaciones.
El pasado lunes, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que desde agosto rige el país como un suprapoder, autorizó enjuiciar a Guevara, vicepresidente de la Asamblea, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le pidiera levantarle la inmunidad.
El Parlamento declaró“nulo” el acto de los constituyentes, pero el TSJ desconoce todas las decisiones de la cámara, a la que considera en desacato. Asimismo, el Parlamento acusó a la constituyente de “usurpación de funciones”, al alegar que la ley otorga exclusivamente al Legislativo la potestad de allanar el fuero de sus integrantes.
El Departamento de Estado consideró el allanamiento a la inmunidad de Guevara, refugiado en la embajada chilena en Caracas, como una “medida extrema” que busca “cerrar espacios democráticos” y “criminalizar la disidencia”.