Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) se responsabilizan mutuamente por la escasez de medicamentos que se registra actualmente en el país.
El director de la CSS, Julio García Valarini, culpó a los distribuidores por la falta de unos 78 fármacos –de los 623 que conforman el listado oficial–, los cuales son usados por, al menos, 10% de los asegurados.
La Aredis, en cambio, se defendió a través de un comunicado, en el que calificó de “ataques infundados” los señalamientos de García Valarini, y advirtió que este “parece tratar de justificar un cambio en la Ley Orgánica de la CSS para provocar un retorno a la compra de dedo, sin cumplir con las leyes y controles existentes, práctica que en el pasado generó pérdidas millonarias por adquirir productos que no servían”.
“Los asegurados merecen saber cuándo el desabastecimiento se debe a ineficiencia administrativa, mal manejo del recurso humano, excesiva rotación del personal capacitado, falta de supervisión, falta de sistemas informáticos unificados y falta de coordinación con la Contraloría General de la República, Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, el Instituto Especializado de Análisis, entre otras instituciones”, agregó la organización.
García Valarini dijo ayer no entender el comunicado de la Aredis, porque, según afirmó, hace unas semanas él mismo le envió a la asociación la lista de los fármacos que estaban escasos, con los nombres de los proveedores.
Añadió que el 57% de las causas del desabastecimiento en la CSS son externas, ajenas a la institución, como incumplimiento de entrega, falla farmacéutica, renovación de registro sanitario, resolución administrativa y renuncia al renglón, tal como lo revela un informe de gestión de las direcciones nacionales de Compras y Logística.
“En los últimos seis meses, durante mi administración, nos han solicitado 2 mil 508 prórrogas por incumplimiento, hemos aplicado 2 mil 593 multas. Las multas hacen un total de 3.8 millones de dólares y el monto de la compra es 30 millones de dólares, y repetidamente piden prórrogas y seguimos sin el medicamento”, sentenció García Valarini.
“El monto de la multa es muy pequeña para los proveedores versus lo que paga el Estado en una licitación. La solución es que tenemos que hacer cambios a ley, porque los proveedores juegan con los términos de la ley y nos quedamos sin medicamentos”, manifestó el director de la CSS.