Las desapariciones forzadas son un crimen que perdura en el tiempo mientras no se resuelva el paradero de aquellos que fueron desaparecidos, por lo que cabe investigar lo ocurrido durante la Guerra Civil española, ocurrida entre julio de 1936 y abril de 1939.
La anterior fue la respuesta que el presidente del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzosas o involuntarias, Ariel Dulitzky, dio al Estado español, luego de que a través de su representante en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Ana María Menéndez, rechazara el viernes pasado que los expertos investiguen lo ocurrido.
“No es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado, que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de las Naciones Unidas”, señaló Menéndez.
La declaración de la embajadora española se dio después de la presentación que Dulitzky hizo del informe relacionado con España.