El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, giró instrucciones para que se analice la posibilidad de destinar los recursos de la descentralización que no sean usados para costear los gastos de las casas de justicia comunitaria de paz.
Esto luego de que muchos municipios del interior del país no han podido instalar estas estructuras alegando falta de presupuesto.
Rubio participó ayer en la inauguración del V Congreso de Derecho Procesal que se celebra en Chitré, Herrera.
El titular de Gobierno explicó que solicitó a los funcionarios de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, entidad adscrita al Ministerio de Gobierno, que dialoguen con todos los actores para fortalecer la justicia comunitaria de paz.
Esa dirección lidera consultas para hacer reformas a la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que le dio vida a los jueces de paz a raíz de las quejas por falta de presupuesto, divergencias en el proceso de selección de los jueces de paz y conflictos en los procedimientos.
Reconoció que todavía esto va a depender de los resultados que salgan de la mesa de diálogo en la que participa precisamente la Secretaría Nacional de Descentralizacion (SND).
Otras entidades que están en la mesa para analizar las reformas son la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial, la Dirección Nacional de Métodos Alternos, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes de Panamá (Amupa) y la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio de Panamá. Se busca elaborar un proyecto de ley que atienda las principales falencias que ha tenido la puesta en marcha de las casas de justicia comunitaria.
Un informe de la SND detalla que se han destinado $616 millones a 77 municipios en el país para la puesta en marcha de 16 mil 101 proyectos, como parte del proceso de descentralización municipal puesto en marcha en 2016.
