El Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, hoy suspendida del cargo, y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) volvió a quedar ayer en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en Sao Paulo y la detención de un exministro de ambos gobiernos.
Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil, en una operación vinculada al caso de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y pruebas, informó la fiscalía.
Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Lula da Silva y de Comunicaciones en el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia, como parte de las investigaciones para dilucidar “el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos” entre 2010 y 2015, según dijo la Fiscalía de Sao Paulo en un comunicado.
El Ministerio de Planificación es acusado de haber formado parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba “más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema” de desvío de fondos públicos.
Las autoridades estimaron en unos 7 millones de reales (2 millones de dólares) el dinero que recibió un estudio de abogados ligado a Bernardo, figura de peso en el PT y esposo de la senadora de esa fuerza Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.
Otro exministro de Rousseff, en este caso de Seguridad Social, Carlos Gabas, fue intimado a declarar por el caso. La fiscalía señaló además que “quien definía los porcentajes a ser pagados era Joao Vaccari”, extesorero del PT, actualmente en prisión por el caso Petrobras.
El partido, asediado por la justicia desde hace un año y medio por el Petrolao, calificó la requisa en su sede de “innecesaria y mediática”.
“En medio de una sucesión de hechos y denuncias involucrando políticos y empresarios acusados de corrupción, se montó una operación de distracción, en una nueva tentativa de criminalizar al PT”, dijo en una nota pública.