El fallo del Segundo Tribunal Superior Penal que anuló la investigación por supuesto blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, seguida a 14 miembros del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, incluye la “inminente” devolución a los procesados de todos sus “dineros, activos y valores”.
Así lo advirtió el abogado Ángel Álvarez en una denuncia penal que presentó a título personal ante el Ministerio Público (MP) contra la magistrada del Segundo Tribunal Superior Penal María De Lourdes Estrada quien, junto con su colega Wilfredo Sáenz, firmó el pasado 23 de septiembre el fallo que anuló el citado proceso, alegando que hubo “doble juzgamiento” tras el acuerdo de pena que suscribió Moncada Luna con el diputado Pedro Miguel González –fiscal del caso–, el 5 de marzo de 2015 en la Asamblea Nacional.
En el proceso seguido por blanqueo de capitales, el MP ordenó la aprehensión de cerca de $1.3 millones que estaban depositados en cuentas del desaparecido Banco Universal.
Concretamente, un plazo fijo de un millón de dólares a nombre de la empresa Corporación Luxol, S.A., y dos cuentas de las empresas Corporación Cubemu, S.A., y Sarelan Corporation, S.A., con alrededor de 300 mil dólares.
Las sociedades mencionadas fueron supuestamente vinculadas con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien fue condenado a cinco años de prisión por el Legislativo, por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos.
Álvarez sostiene en la denuncia que el acuerdo de pena aceptado por Moncada Luna solo lo alcanzó a él; es decir, no incluyó los antecedentes de otras personas, los hechos objeto de la transacción ni los delitos de corrupción, concusión y tráfico de influencias.
Al solicitar al Ministerio Público que le dé trámite a la denuncia interpuesta, el abogado advirtió que los acuerdos de pena –como el suscrito entre Moncada Luna y González– no constituyen un mecanismo de exclusión o justificación, no eximen de responsabilidad penal ni pueden ser usados como inmunidad, amnistía o indulto, como lo establece el numeral 1 del artículo 220 del Código Procesal Penal.
Álvarez fundamentó su denuncia en el “repudio” que ha generado la decisión del Segundo Tribunal Superior, “mediante la cual se pretende dejar en absoluta impunidad diversos delitos graves y de gran impacto para la sociedad panameña...”.
La denuncia insta al Ministerio Público a citar a las diputadas que actuaron como juezas de garantías en el proceso seguido a Moncada Luna en la Asamblea Nacional; es decir, Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy, así como también al diputado fiscal de la causa, Pedro Miguel González, con el propósito de que expliquen el alcance del acuerdo de pena logrado.