El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz, uno de los que elaboró el proyecto de ley 245 que permitiría los acuerdos de pena en el sistema inquisitivo, propuesta que está estancada en segundo debate en la Asamblea Nacional, recomienda que a la iniciativa se le introduzcan cuatro cambios.
Propone que el acuerdo no pueda aplicarse en los casos de corrupción de funcionarios que impliquen más de $250 mil, procesos en los que sugiere se cumpla un mínimo de tres años de privación de libertad en un recinto carcelario.
Recomienda también que los actos de corrupción no prescriban por ser considerados delitos de lesa humanidad, que cuando un panameño o extranjero residente en la nación sea imputado o acusado y haya salido del país por más de 30 días sin retornar, se proceda “con la respectiva audiencia de imputación y acusación”.
Las sugerencias de Harry Díaz se dan luego de que el magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, le pidiera que “ilustre” a los diputados sobre el 245, propuesta que fue presentada por Ayú Prado en septiembre de 2015 y a la que en enero pasado se le introdujo el artículo 20 que establece los acuerdos de pena.
Este instrumento serviría al Ministerio Público para alcanzar la delación premiada con miembros de la constructora Odebrecht, luego de que admitieran haber sobornado a funcionarios panameños a cambio de millonarias obras.
Proponen que el acuerdo también incluya condena