La diligencia que llevaría a cabo ayer el magistrado fiscal Olmedo Arrocha en la comarca Guna Yala, como parte del proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia al diputado del Partido Revolucionario Democrático Arquesio Arias por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, no se concretó.
Quien sí viajó hasta Ustupu fue la abogada de las presuntas víctimas de Arias, Enereida Barría, quien informó que cuando estaban en la comunidad fueron notificados de que la diligencia no se llevaría a cabo porque Arrocha había tenido problemas para trasladarse hacia el sitio.
Ustupu fue el último lugar en el que Arias laboró como médico general y donde en septiembre de 2018 se le acusó por dos presuntos delitos sexuales. La primera víctima era una menor de 16 años, y la segunda, una joven de 22.
“El hecho de que la diligencia no se haya realizado el día de hoy [ayer], para nosotros deja en evidencia lo que hemos estado diciendo: la dificultad del traslado al lugar donde ocurren los hechos [para acceder a la justicia]. Por otro lado, consideramos que en la fase de investigación formal el magistrado fiscal puede perfectamente realizar esta diligencia”, puntualizó.
Para la abogada, es difícil que un ciudadano común en Guna Yala tenga acceso a la justicia si se toman en cuenta los problemas con el transporte y la escasez de recursos económicos. Para tener una idea, transportarse desde Ustupu hasta Narganá –donde está la Personería de Guna Yala– cuesta más de $100 y toma unas dos horas llegar, vía marítima.
“No solo se trata de acceso a la justicia, sino a otros servicios públicos”, acotó.
Para mañana viernes, cuando está prevista la audiencia complementaria de imputación, Barría espera que el magistrado fiscal haga su imputación, como, asegura, en derecho corresponde. Además, espera que el diputado Arias decida voluntariamente separarse del cargo, a propósito de que se coloque en igualdad de condiciones que las denunciantes.
“La investidura que él tiene en estos momentos [diputado] es un elemento que pone en desigualdad a las víctimas. Las garantías deben ser iguales, tanto para la persona querellada como para las querellantes”, dijo.
Ayer, la ministra consejera para asuntos relacionados a la salud pública, Eyra Ruiz, dijo que secunda la posición del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien esta semana ha sugerido en dos ocasiones al diputado Arias que se separe hasta que concluya el proceso en la Corte.
“Para que haya más transparencia y se evite el morbo, el diputado debe separarse. El que no la debe, no la teme, y eso le daría más paz a la investigación”, aseguró.
Además, la Secretaría Nacional de la Mujer, de Cambio Democrático, emitió un comunicado en el que hace un llamado a la “unidad nacional” de las mujeres a estar vigilantes y rechazar cualquier daño físico, sexual y psicológico.
Para hoy fue convocada una manifestación en la Asamblea Nacional contra Arias y su decisión de permanecer en el cargo mientras se realiza la pesquisa.