Diputados critican al Ejecutivo por vetar sus leyes

Cuatro proyectos de ley han sido objetados en lo que va del actual periodo legislativo presidido por el diputado Rubén De León.

Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD) cuestionaron al Órgano Ejecutivo, debido a que tanto en el pasado periodo legislativo presidido por el panameñista Adolfo Valderrama como en el del actual, presidido por el perredista Rubén De León, ha vetado al menos 11 proyectos de ley.

En la presidencia de Valderrama, por ejemplo, fueron objetadas siete iniciativas legislativas. Cuatro de ellas fueron impulsadas por diputados del PRD, mientras que en el período actual han sido vetadas otras cuatro.

Estacionamientos

Uno de los que más ruido ha ocasionado es el proyecto presentado por el perredista Leandro Ávila, que establecía el uso gratuito de estacionamientos hasta por tres horas en centros comerciales, clínicas y hospitales, y edificios donde funcionen oficinas públicas. También fue vetada la propuesta de ley 214, que deroga la Ley 55 de 2012 y modifica artículos del Código Procesal Penal sobre el proceso de juzgamiento de los diputados.

Aunque inicialmente fue presentado por Adolfo Valderrama, tras una serie de modificaciones fue defendido por su colega perredista Pedro Miguel González, y finalmente aprobado por insistencia. El mismo está en espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en torno a su constitucionalidad o no.

“Estamos pendientes de la decisión de la Corte respecto al recurso que interpuso el Presidente de la República, que advierte de su inconstitucionalidad. El Ejecutivo y el Presidente están equivocados en cuanto a su argumentos”, dijo González.

Consumidores

Recientemente fue vetado el proyecto de ley 150 que modifica artículos de la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia. La propuesta llegó a la Asamblea Nacional de la mano de Yanibel Ábrego, Marylín Vallarino, Dalia Bernal y Dana Castañeda, todas de Cambio Democrático.

El documento le daría mayor capacidad a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para atender quejas de compradores de autos valorados hasta en $30 mil, sin tener que acudir a los tribunales.

“Nos parece inconveniente, ya que es un tema que debe continuar siendo competencia de los tribunales de justicia”, planteó el veto presidencial.

Diputados critican al Ejecutivo por vetar sus leyes
Diputados critican al Ejecutivo por vetar sus leyes

Vallarino reaccionó y manifestó que al Ejecutivo “todo lo que tiene que ver con el consumidor no le interesa. La posición de los comerciantes es la que predomina”. Sugirió que el Presidente de la República tiene que velar por el interés de los consumidores y no de las agencias de autos.

Refugio a docentes

La última objeción se dio el pasado 1 de abril al proyecto número 18 que buscaba que el Ministerio de Educación (Meduca) construyera viviendas que sirvieran de refugio a educadores que laboran en áreas de difícil acceso.

“No entiendo cómo es que el Gobierno dice que el pueblo primero y ha engavetado un proyecto tan loable y tan social”, dijo la proponente de esta iniciativa, la perredista Iracema de Dale.

DefiendeN objeciones

Al ser consultado sobre el tema, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, indicó que parte de las objeciones se deben a que se aprueban proyectos de ley, pero no se sugiere el mecanismo de financiamiento de los mismos.

Detalló que en el caso del que promueve la construcción de viviendas para educadores, el Meduca informó que estos ya reciben un emolumento para vivienda.

En torno al proyecto que establece el uso gratuito de estacionamientos hasta por tres horas, el ministro reiteró que esta propuesta atenta contra la libre empresa.

“Hubo una oposición vigorosa por parte de la Cámara de Comercio y otros gremios empresariales en torno a esta propuesta”, comentó.

Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, planteó que el proyecto de ley sobre estacionamientos gratuitos tendría efectos negativos ya que traería consigo el hecho de que el Estado pretenda regular la actividad comercial.

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