Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se mantienen divididos en cuanto a quién le corresponde investigar a los diputados que presuntamente hayan incurrido en delitos penales electorales, informaron fuentes de esa corporación de justicia.
En una reunión del pleno de la Corte realizada el pasado jueves se abordó el tema, pero no se llegó a un consenso.
Fuentes de la Corte informaron que los magistrados José Ayú Prado, Oydén Ortega y Jerónimo Mejía están de acuerdo con que sea esa corporación de justicia la que investigue a los diputados implicados en la posible comisión de delitos penales electorales.
Mientras que los magistrados Harry Díaz y Abel Zamorano estiman que debe ser el Tribunal Electoral el facultado para tramitarlos.
Tanto Díaz como Zamorano sostienen que el numeral 4 del artículo 143 de la Constitución es claro al señalar que el Tribunal Electoral tendrá entre sus funciones “sancionar las faltas y delitos contra la libertad del sufragio, de acuerdo con la ley garantizando la doble instancia”.
En un fallo del pasado 30 de diciembre de 2015, la mayoría de los magistrados de la Corte decidieron inhibirse de conocer una denuncia presentada contra los diputados del circuito 9-2 de Cambio Democrático, Héctor Aparicio y el suplente Manuel Aizpurúa. En esa ocasión solo Ortega y Mejía presentaron un salvamento de voto, aduciendo que el artículo 155 de la Constitución señala que “los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de un acto delictivo o policivo, sin que para esto se requiera autorización de la Asamblea Nacional”.
Esto demostraría que algunos magistrados habrían cambiado de opinión en cuanto a quién corresponde tramitar estos casos y que los magistrados Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo y Cecilio Cedalise definirán el tema.