En una ruidosa sesión interrumpida por partidarios del Gobierno, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró ayer que el país ha dado un “golpe de Estado”.
Los legisladores se comprometieron a enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, después de que una corte amigable al Gobierno bloqueara el jueves pasado la campaña de la oposición para revocarle el cargo.
El diputado Julio Borges, de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), dijo que el Congreso, controlado por la oposición, está ahora en abierta rebelión contra el Estado.
La sesión de encendidos discursos devino momentáneamente en el caos por la tarde cuando decenas de manifestantes con camisas rojas irrumpieron en el recinto legislativo.
Desde la mañana los legisladores eran hostigados por los inconformes afuera del lugar.
Los funcionarios se apartaron a toda prisa del caudal de manifestantes que gritaban: “¡Caerá la Asamblea Nacional!”.
Se desconocía de momento cómo ocurrió el ingreso de los disconformes en el recinto fuertemente custodiado, el cual está bajo control de la oposición desde que los críticos de Maduro ganaron abrumadoramente las elecciones legislativas de diciembre.
Los manifestantes comenzaron a retirarse cuando Jorge Rodríguez, uno de los dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, les pidió que salieran del lugar. La oposición acusó a Rodríguez de dirigir la protesta.
Jesús Torrealba, portavoz de los opositores, dijo que la manifestación en el pleno ilustraba perfectamente la denuncia de ese sector político de que la democracia está suspendida en el país petrolero.
Que los legisladores elegidos por 7.5 millones de personas fueran silenciados por 300 rufianes sintetiza la situación mejor que cualquier discurso, apuntó.
Los legisladores también propusieron que se impulsen medidas para sustituir a las autoridades electorales y a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
En medio de una severa escasez de productos y la inflación más alta del mundo, el 80% de los electores desea la salida de Maduro para este año, según diversas encuestas.
Cualquier campaña para enjuiciar al presidente agravaría aún más la crisis constitucional del país, pero posiblemente no prevalecería porque el Gobierno controla los tribunales y otras instituciones importantes.
El Departamento de Estado estadounidense y la Organización de Estados Americanos condenaron el fallo emitido la semana pasada que suspendió la búsqueda de un referendo revocatorio.
La Asamblea Nacional aprobó ayer una resolución en la que se solicita oficialmente a la comunidad internacional que intervenga en el país para proteger el derecho del pueblo a la democracia por cualquier medio necesario.
Los dirigentes de la oposición también han anunciado que intensificarán la presión con movilizaciones callejeras que comenzarán el miércoles con una protesta a nivel nacional llamada “la toma de Venezuela”._
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, con una impopularidad del 76.5% según la firma Datanálisis.
La MUD convocó la sesión parlamentaria y a una protesta nacional el próximo miércoles, después de que el CNE postergara hasta nuevo aviso la recolección de 4 millones de firmas necesarias (20% del padrón de votantes), último paso antes de la consulta.
El CNE paralizó el proceso argumentando que acataba fallos judiciales que anularon por supuesto fraude un primer recaudo de firmas en cinco Estados, en el inicio del proceso.
Como parte de la respuesta de la MUD, cientos de mujeres marcharon el sábado por estratégicas vías de Caracas, encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en prisión desde 2014.
Los oficialistas han amenazado con promover el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.
En la sesión, Luis Florido, encargado de política exterior de la Asamblea, anunció que dirigentes de la MUD viajarán a Washington para pedir a la Organización de Estados Americanos que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.