Los diputados oficialistas de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivaron ayer un total de diez expedientes, de los cuales nueve contenían denuncias contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna por la supuesta comisión de delitos penales, a tan solo 18 días de que cambie el gobierno y la nueva formación del Órgano Legislativo.
En siete de las denuncias archivadas se acusa directamente a Moncada Luna por diversos delitos penales, y en las otras dos, además de Moncada Luna, se menciona a otros magistrados de la Corte Suprema.
Los diputados oficialistas, sin mayor análisis e investigación, y en 20 minutos archivaron los diez expedientes, incluyendo dos denuncias en las que se acusa al actual presidente de la Corte Suprema, José Ayú Prado.
Tres de los casos archivados a Moncada Luna tienen que ver con una carta que este remitió al Legislativo en enero de 2012 cuando se discutía el proyecto que buscaba reactivar la Sala Quinta.
Ese año, diputados del Partido Panameñista, el abogado Gonzalo Moncada y el presidente del Partido Popular (PP), Milton Henríquez, se querellaron por separado contra Moncada por presunto abuso de autoridad y extralimitación de funciones, luego de que en una carta cuestionara la actuación de los diputados en la discusión del proyecto de ley 402, que buscaba adecuar la Sala Quinta en la Corte Suprema.
Moncada Luna fue el ponente de un fallo del 25 de enero de 2011, que revivió la Sala Quinta de la Corte. El fallo declaró inconstitucional la Ley No. 49 de 1999, que a su vez había derogado la Ley No. 32 de ese mismo año a través de la cual se creó esa sala.
Moncada Luna –que antes de convertirse en magistrado militó en Cambio Democrático– también fue señalado por políticos opositores de estar detrás de un supuesto plan del presidente de la República, Ricardo Martinelli, para lograr mayoría absoluta de la Corte.
Delito ambiental
De igual manera fue archivada una acusación contra Moncada Luna por el delito contra el ambiente, el ordenamiento territorial y tráfico de influencias. La querella fue interpuesta por Sandra Lucía Tapia, José Manuel Delgado y Luis Isaac Bishop, tras el intento del magistrado de construir un edificio de estacionamientos en las inmediaciones de la Corte, proyecto que estaría a cargo de la empresa constructora Corcione, del empresario Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y socio del presidente Martinelli.
Fallo Panamá Avanza
Otra denuncia archivada es la que señala a los magistrados Alejandro Moncada Luna, Gabriel Fernández y Efrén Tello por el delito de extralimitación de funciones.
La denuncia fue presentada el 7 de noviembre por el presidente del Partido Popular (PP), Milton Henríquez, luego de que estos tres magistrados emitieran una resolución que anulaba la decisión del Tribunal Electoral (TE) de suspender una cuña del grupo pro oficialista Panamá Avanza, en contra del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro.
caso de exjuez
Una de las más recientes denuncias presentadas y que también fue archivada fue la interpuesta por el abogado Alberto Reyes, en representación del juez cuarto de circuito penal de Panamá, Alexis Ballesteros, en la que se acusó a Moncada Luna y a los magistrados Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz y a José Ayú Prado por abuso de autoridad y tráfico de influencias, por presuntamente ejercer intimidación directa e injerencia contra este juez, para favorecer intereses del Órgano Ejecutivo.
Ballesteros denunció en marzo pasado que recibió presiones y que le fue solicitada su renuncia al cargo por no “seguir indicaciones” y revocar el archivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) por el bloqueo a Corporación La Prensa (Corprensa), ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.
Ballesteros plasmó estos señalamientos en una nota remitida al presidente del Segundo Tribunal, magistrado Secundino Mendieta, pero días después fue separado del cargo.
Archivaron casos
Los diputados Mario Miller, José María Herrera, Abelardo Antonío, y Fransisco Ríos (suplente de Manuel Cohen), todos de Cambio Democrático (CD), y Osman Gómez y Francisco Pancho Alemán, del Molirena, votaron a favor de archivar todos estos expedientes.
Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue el único diputado opositor presente en la comisión. Votó en contra del archivo de todos los expedientes.
Justifica archivos
El presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Mario Miller, justificó el archivo de estos expedientes al señalar que estas denuncias no llenaban los requisitos para profundizar en una investigación.
“No tienen fundamento y ni siquiera tienen pruebas sumarias y no tienen sustento legal para proseguir con ellas”, sostuvo Miller.
Por su parte, el diputado Ávila cuestionó el archivo de los expedientes. Dijo que no se dio el tiempo necesario para la revisión y el análisis.
“Esto lo que busca es resguardar a ciertas personas. Hay un gobierno saliente que trata de dejar todos los problemas resueltos y ha procedido a archivar estos casos”, señaló el diputado perredista.