Jairzon Lemar Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, empleados del consorcio HPC-Contratas-P&V, sociedad que obtuvo un préstamo de la Caja de Ahorros (CA) por $9 millones para la construcción del centro de convenciones de Amador –obra que no concluyó– salieron ayer de la cárcel El Renacer, luego de consignar fianzas de $200 mil cada uno, fijadas por el Segundo Tribunal Superior Penal.
En el fallo del 17 de este mes y que lleva la firma de los magistrados María De Lourdes Estrada y Adolfo Mejía, el Segundo Tribunal Superior modificó el monto de las fianzas, que en primera instancia había concedido a ambos imputados el Juzgado Decimocuarto Penal, a cargo de Vilma Urieta.
En efecto, el 24 de abril pasado dicho juzgado favoreció a Hurtado con una fianza de excarcelación de $90 mil y a Garrido con otra de $50 mil. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Primera Anticorrupción de Descarga, a cargo de Adecio Mojica, pero el Segundo Tribunal Superior mantuvo la decisión de la jueza y lo que hizo fue que elevó el monto de las fianzas a $200 mil para cada uno.
Las fianzas habían sido negadas en octubre de 2016 por la jueza decimotercera penal, Alina Hubiedo, quien fue recusada en marzo pasado, por lo que el expediente fue trasladado al Juzgado Decimocuarto Penal, a cargo de Urieta.
Los magistrados Estrada y Mejía concluyeron que Manuel Morales Diez, ligado a HPC-Contratas-P&V, fue favorecido con una fianza de $200 mil, y como la “situación jurídica” de Hurtado y Garrido se aproxima a la de Morales, entonces a ellos también les correspondió una fianza por ese monto, “en aras de preservar la ecuanimidad de las partes”.
Hurtado es implicado en el proceso, porque, según las pesquisas de la fiscalía, giró una nota el 31 de diciembre de 2012, en la que consignó pagos –con fondos del préstamo de la CA– a las sociedades Summer Venture Inc., Langton International Holding e Ilkeston Associates Inc. Según la fiscalía, ninguno de esos pagos estaba relacionado con la obra.
Mientras tanto, Garrido es imputado en el caso, porque tenía la firma autorizada de la cuenta de la que se debitaron los fondos que habían sido desviados por medio de cheques de gerencia a las mencionadas sociedades.
En marzo pasado, cuando la misma jueza Urieta asumió el proceso, otorgó una fianza de excarcelación de $90 mil a Jayson Pastor, exgerente de la CA.
Además, en abril pasado, la jueza favoreció con una fianza para no ser detenido de $80 mil al también directivo del consorcio HPC- Contratas-P&V Manuel Morales Diez, a pesar de que no ha comparecido al proceso.
Luego, el 19 de este mes, Urieta concedió otra fianza de excarcelación a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva del banco, por la suma de $200 mil.
Las fianzas otorgadas a Pastor y a Francolini fueron apeladas por la fiscalía y están pendientes de definición por el Segundo Tribunal Superior Penal.