El presidente Juan Carlos Varela habló ayer en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, con motivo de la apertura del septuagésimo primer período de sesiones de la asamblea general del organismo. En su discurso, dijo que el hecho de que Panamá cuente “con una plataforma de servicios internacionales de clase mundial que constituyen la base fundamental de nuestra creciente economía, nos compromete aún más a ser ciudadanos responsables del mundo”.
Acto seguido, concluyó su idea asegurando que, “como un país serio y responsable, Panamá asume el cumplimiento de las obligaciones que emanan del derecho internacional y estamos dispuestos a cooperar como socios regionales y aliados estratégicos en materia comercial y de seguridad”.
Esa responsabilidad de ser ciudadanos responsables y el compromiso de cumplir con las obligaciones del derecho internacional es justamente lo que reclaman a Panamá fiscales federales de Brasil, que llevan más de año y medio solicitando información que serviría para llegar al fondo del mayor escándalo de corrupción del país sudamericano.

La sociedad civil panameña se ha pronunciado frente a la demorada e incompleta respuesta que dio el Ministerio Público de Panamá a sus colegas de Brasil, tras conocerse la escueta información que envió Panamá.
Pese al llamado que la sociedad le hace a la procuradora Kenia Porcell, para que responda ante las pruebas que recién se han hecho públicas, la respuesta ha sido el silencio.
Igual respuesta ha recibido La Prensa, desde el jueves de la semana pasada cuando se le envió un breve cuestionario que ha sido ignorado por completo. (Ver abajo nota relacionada).
