La enajenación del patrimonio de la Universidad de Panamá (UP) y una iniciativa para que se investigue el posible desvío de fondos universitarios a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), entre otras irregularidades, fueron abordadas ayer por docentes en una reunión con el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
Los docentes, agrupados en el Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (Movadup), dijeron que con este acercamiento solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo ante lo que denominan “inactividad” de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
“Donde metemos la nariz a buscar justicia, nos encontramos con que el rector tiene sus tentáculos”, se quejó el coordinador del movimiento, José Garrido.
No obstante, aseguraron que denunciarán en el Ministerio Público la venta y alquiler de más de 160 hectáreas de tierras de la UP mediante cuestionables transacciones, que a juicio de expertos en contrataciones públicas, los términos eran poco beneficiosos para la institución que administra el rector Gustavo García de Paredes.
Son ‘medias verdades’
Miguel Delgado, abogado de la UP, otrora dirigente estudiantil, y Alma Montenegro de Fletcher, exprocuradora de la Administración y directora ad honorem del Centro de Políticas Públicas de la UP, indicaron en TVN que las transacciones referentes a los terrenos universitarios cumplieron con la Ley de Contrataciones Públicas.
“Esa publicación que hace La Prensa es muy tendenciosa y de medias verdades”, dijo Delgado. Aseguró que tenían todos los avalúos de las tierras, aunque estos no se entregaron a La Prensa, pese a que se pidieron al amparo de la Ley de Transparencia. Tampoco estaban en los archivos de la Contraloría ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (ver facsímil).
“El hecho de que un periodista no encuentre un avalúo, no le permite asegurar que no existe”, agregó.
Defendió los alquileres en Tocumen indicando que “todas las mejoras construidas pasan al propietario”, es decir, a la UP. No mencionó que en estos contratos, pactados a 40 años, el máximo incremento del canon es de 3.75% el metro cuadrado, en el año 36, y que la UP debe devolverle millones de dólares al arrendador por su inversión en las mejoras, tal como lo estableció García de Paredes con sus clientes.