El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, eliminó ayer un programa que protege de la deportación a casi 800 mil jóvenes que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños y ordenó desmantelar gradualmente la iniciativa en un plazo de seis meses para que el Congreso elabore una nueva legislación.
La medida de Trump, anunciada por el fiscal general de EU, Jeff Sessions, pone fin al programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El Gobierno dijo que la decisión era necesaria para mostrar respeto por las leyes inmigratorias del país y dijo que ningún beneficiario del programa se vería afectado por la disposición antes del 5 de marzo de 2018.
“No soy partidario de castigar a niños, la mayoría de los cuales son ahora adultos, por las acciones de sus padres. Pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes”, expresó Trump en un comunicado tras el anuncio emitido por la Fiscalía General de la Nación.
Sessions indicó que la decisión no implica que los beneficiarios del DACA sean “malas personas”. “Debemos tener un sistema legal de inmigración que sirva al interés nacional, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas y el pueblo estadounidense ha hecho bien en rechazarla”, agregó.
Las reacciones surgieron de inmediato y de todos los sectores: dreamers, políticos, empresarios y activistas de derechos civiles.
En Nueva York, cerca de 15 jóvenes fueron arrestados después de que impidieran el tránsito en la Quinta Avenida, donde se sentaron tomados de las manos mientras gritaban en inglés “Indocumentados y sin miedo”.
Mientras, cientos de personas protestaron fuera de la Casa Blanca.
“La decisión del presidente Trump de poner fin al DACA es un acto profundamente vergonzoso y de cobardía política, un ataque despreciable a jóvenes inocentes en comunidades de todo EU, dijo Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes.
En rueda de prensa, Carlos Sada, vicecanciller para América del Norte del Gobierno de México, manifestó que no pueden ignorar “que muchos, casi el 80% de los muchachos inscritos en DACA, son de origen mexicano y obviamente son afectados por la decisión (...)” y que “ante esta situación, el Gobierno mexicano tiene el imperativo moral de actuar por la vía diplomática”.
Precisó que su embajada envió cartas a los legisladores, tanto senadores como congresistas, de EU exhortándolos a encontrar una solución pronta y sobre todo permanente que dé cobertura jurídica a los dreamers.
Para el gobierno de Trump, DACA es “inconstitucional” y se ha traducido en la pérdida de empleos para los estadounidenses, por lo que deja en manos del Congreso el trabajo legislativo para determinar el futuro de estos jóvenes.
Sada destacó que el Gobierno de México mantendrá un “diálogo permanente con el poder legislativo [estadounidense]”. Al mismo tiempo, dijo, se ha establecido contacto con autoridades del Departamento de Seguridad Interior para conocer con todo detalle el proceso de implementación de la medida anunciada.
“Nos preocupa, insisto, que empiece a haber cacería de brujas el día de mañana que terminen los permisos. Han dicho las autoridades (...) que no va a haber una acción deliberada, pero automáticamente [los dreamers] se vuelven indocumentados según vaya expirando su permiso”, dijo el viceanciller.
El Gobierno de El Salvador también alzó su voz. El canciller Hugo Martínez señaló que en los próximos meses la decisión sobre el futuro del DACA estará en el Congreso de EU, y es allí donde ellos van a dirigir todas sus energías para trabajar en una salida para sus dreamers, que suman entre 30 mil y 60 mil.
En rueda de prensa, Martínez adelantó que la próxima semana viajará a Washington, junto a diputados de su país, para emprender la ofensiva diplomática. Recordó que hay un plazo de seis meses para que el Congreso de EU promulgue una ley para que estos jóvenes no queden en la ilegalidad.
En su viaje a Washington, el jefe de la diplomacia salvadoreña también hará lobby para que EU extienda la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) a favor de 190 mil salvadoreños.
OBAMA REACCIONA
El expresidente Barack Obama opinó sobre la decisión de Trump en su cuenta de Facebook: “(...) Atacar a estos jóvenes está mal, porque no han hecho nada malo. Es contraproducente, porque quieren empezar nuevos negocios (...) contribuir al país que amamos. Y es cruel. ¿Qué pasa si el profesor de ciencias de nuestro hijo, o nuestro vecino amistoso resulta ser un dreamer? ¿Dónde se supone que lo vamos a enviar? A un país que no conoce ni recuerda, con un idioma que ni siquiera puede hablar?”.
Y añadió: “Vamos a ser claros: la acción tomada hoy no es necesaria legalmente. Es una decisión política, y una cuestión moral. Cualquiera que sea la preocupación o queja que los americanos pudieran tener sobre la inmigración en general, no debería amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin culpa de los suyos, que no representan ninguna amenaza, que no se llevan nada del resto de nosotros (...)”.
El Gobierno dará plazo hasta el 5 de octubre para que algunos beneficiarios del programa, cuyo permiso de trabajo expira el 5 de marzo, soliciten una renovación. Eso significa que algunos de los beneficiarios podrían permanecer en EU hasta 2019.