El presidente filipino Rodrigo Duterte, sumido en una implacable lucha contra la droga, denunció ayer públicamente a 160 jueces, alcaldes, legisladores, policías y militares, a quienes acusó de estar involucrados en el tráfico de sustancias.
Además, prometió impulsar una iniciativa para que el dictador Ferdinand Marcos sea enterrado en el “Cementerio de los Héroes”, una medida muy controvertida en el país, que derrocó al hombre fuerte en una revolución hace tres décadas.
En sus declaraciones, Duterte citó a 9 jueces y cerca de 50 congresistas, alcaldes y otros funcionarios en ejercicio o retirados que supuestamente están involucrados en tráfico. “El debido proceso no tiene nada que ver con (lo que sale de) mi boca. Aquí no hay proceso, no hay abogados”, dijo en un discurso durante la tarde antes de comenzar a enumerar los nombres.
Desde que Duterte fue elegido el 9 de mayo, unos 800 sospechosos de narcotráfico han sido abatidos por la policía o por guardias de vigilancia, desatando fuertes críticas de grupos que defienden los derechos humanos.
También citó a unos 100 policías activos y a oficiales retirados y a soldados que afirmó que están involucrados en el comercio de estupefacientes. “Si muestran el más mínimo atisbo de violencia en la resistencia, voy a decirle a la policía: ‘disparen”, dijo Duterte.