La campaña del presidente filipino Rodrigo Duterte por el restablecimiento de la pena de muerte salvó un obstáculo en el Congreso, donde el proyecto de ley recibió respaldo.
El texto contempla bajar a los nueve años la edad de responsabilidad penal y es uno de los pilares de la guerra del mandatario contra la droga, que ha causado al menos 6 mil 500 muertos.
Una mayoría de los diputados de la Cámara baja adoptó el texto en segunda lectura el miércoles por la noche. Se necesita un voto en tercera lectura para su adopción, prevista la semana que viene. No se debatirá más y su aprobación es una mera formalidad. El Senado, dominado por el oficialismo, adoptará un texto similar.
“Hemos superado la principal dificultad”, declaró el diputado Reynaldo Umali, defensor del restablecimiento de la pena capital 11 años después de su abolición.
La oposición opina que la decisión llevará a la ejecución de inocentes, entre otros factores por la corrupción del sistema judicial. La Iglesia coincide. “Esta decisión es inhumana, vergonzosa y burdamente irrespetuosa”, declaró el sacerdote Jerome Secillano, secretario de relaciones públicas de la conferencia episcopal católica, en un comunicado. “Los criminales tienen que ser castigados y las víctimas ayudadas, pero el castigo no debe ser la muerte. A causa del mal funcionamiento y los defectos de nuestro sistema penal, el riesgo de que personas inocentes acaben siendo víctimas de errores judiciales es muy alto”, agregó.
Mientras, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, vinculada a Naciones Unidas, instó a abolir la pena capital a los crímenes relacionados con drogas y criticó los asesinatos extrajudiciales en Filipinas, en el marco del combate antinarcóticos.
