La reforma a la ley bajo la cual opera la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), aprobada en tercer debate la semana pasada, permite que que la entidad estatal pueda administrar el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, cuyo monto estimado es de unos mil millones de dólares.
Cerca de la mitad de los fondos requeridos se obtendría a través de una emisión de bonos, que serán repagados a los inversionistas con el peaje que se cobrará a los usuarios del puente. Serían entre $400 millones y $500 millones que se financiarían a través de la deuda que emitiría ENA y que quedaría fuera del balance del sector público no financiero.