Senadores estadounidenses de ambos partidos se mostraron dispuestos a sopesar sanciones a más funcionarios venezolanos y a lograr que otros gobiernos de la región ejerzan la presión necesaria para provocar una conducta distinta del Gobierno venezolano.
El presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, señaló el pasado jueves que actualmente Washington ha suspendido visas a 140 funcionarios venezolanos, pero lamentó que otros gobiernos no se hayan sumado a la aplicación de las sanciones estadounidenses.
“Considerando nuestros estándares, nuestro gobierno no tiene dudas sobre la actividad criminal y la corrupción en el Gobierno venezolano”, manifestó durante una audiencia que la comisión en pleno celebró sobre la crisis venezolana.
Al término de la audiencia, dijo: “Estoy abierto a considerar más sanciones a personas específicas, y también a buscar una estrategia regional a través de la OEA”.
El secretario general del organismo, Luis Almagro, anunció el mes pasado que actualizará el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.
Mark Feierstein, exasesor para temas hemisféricos del expresidente Barack Obama y uno de los tres expertos interpelados por la comisión, advirtió que a Estados Unidos (EU) se le puede dificultar obtener apoyo regional en el tema venezolano, debido a la tirantez que actualmente sufre la relación con México.
El principal demócrata en la comisión, Ben Cardin, expresó que “podemos fortalecer las sanciones, ciertamente podemos trabajar con otros países para asegurarnos de que sean más efectivas si otros países las apoyan”.
Cardin agregó que trabaja con colegas republicanos en un proyecto de ley que autorice al Gobierno estadounidense a brindar ayuda humanitaria “para que podamos apoyar más efectivamente al pueblo venezolano”.
Por su parte, el Gobierno venezolano tildó de amenaza la resolución del Senado estadounidense . “El pueblo rechaza las injerencias y amenazas imperiales contra la patria de Bolívar, Venezuela se respeta”, arremetió la Cancillería en Twitter.
En tanto, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, incluido por Estados Unidos en su lista de narcotraficantes, el pasado 13 de febrero, llamó ayer a no desmoralizarse frente a lo que denunció como ataques de un “imperio” decadente.
Al presentar el informe de gestión de la vicepresidencia en el Tribunal Supremo de Justicia, El Aissami alegó que la revolución fundada por el fallecido líder Hugo Chávez (1999-2013) “está siendo blanco de la más contumaz agresión por parte del imperio norteamericano”. “No se trata de agresiones e infamias proferidas contra un individuo”, remarcó.
EU denuncia autoritarismo
Estados Unidos señaló que Cuba, Venezuela y Nicaragua gobiernan a sus ciudadanos de manera “autoritaria”, ya que un partido único controla los poderes legislativo, judicial y electoral.
En su informe anual sobre el estado global de los derechos humanos, el Departamento de Estado destacó que el gobierno del presidente Raúl Castro impide a los cubanos escoger a sus gobernantes, emplea amenazas, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas oficialistas contra la disidencia pacífica. Asimismo, que apela al acoso y a las detenciones para prevenir la libre expresión y las reuniones pacíficas.
El documento identificó como los principales abusos cometidos por el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro al uso politizado del poder judicial para debilitar a la Asamblea Nacional, intimidación y acusación penal a los disidentes, frecuentes detenciones arbitrarias de la policía, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la censura gubernamental a la prensa y a la libertad de expresión.
En cuanto a Nicaragua, las principales violaciones a los derechos humanos incluyeron restricciones al derecho al voto, políticas sesgadas para garantizarle control al Frente de Liberación Nacional Sandinista, y un creciente acoso a organizaciones de la sociedad civil. También arrestos arbitrarios, maltrato y detenciones preventivas prolongadas.
Por primera vez en muchos años, el secretario de Estado en funciones no presentó el informe, pese a que el senador republicano Marco Rubio pidió la víspera vía Twitter a Rex Tillerson que reconsiderara la decisión.