Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), al menos 150 personas, entre empresarios, activistas sociales y periodistas, habrían sido víctimas de la intervención a sus teléfonos y correos electrónicos, presuntamente por órdenes del entonces presidente.
Estas escuchas habrían sido efectuadas con máquinas compradas por el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) a partir de 2010, las cuales grababan audio ambiente, intervenían llamadas, y leían correos y mensajes de Whatsapp de las víctimas.
Por este caso, el exgobernante mantiene un proceso penal en la Corte Suprema, luego de que el magistrado fiscal Harry Díaz lo acusara por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.
El Código Penal (artículo 167) establece: “Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”. El 11 de marzo de 2016, el magistrado Jerónimo Mejía solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar la detención con fines de extradición de Martinelli, quien está en Miami, Estados Unidos, desde 2015. Tras esta decisión judicial, en septiembre de 2016, la Cancillería panameña formalizó la petición ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. A la fecha no hay una respuesta oficial de las autoridades de ese país.