El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 383 que obliga a las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, concreten o surtan efecto en la República de Panamá a mantener sus registros contables.
La iniciativa busca que las empresas “offshore” que no tienen transacciones contables dentro de Panamá hagan accesible su información contable a sus agentes residentes en Panamá y tengan un mayor control sobre estas. “Nuestros mayores competidores han ajustado sus normas, porque así se lo ha exigido el mercado y no creo que eso va a ser desventajoso para Panamá, nos va a poner a la vanguardia y seguiremos siendo competitivos”, aseguró el canciller encargado Luis Miguel Hincapié.
El documento establece algunas sanciones, como el hecho de que el organismo de administración, accionista, socio, agente residente o cualquier tercer interesado que solicite la reactivación de una persona jurídica suspendida, debe pagar una multa de mil dólares a la autoridad competente que dictó la orden de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a dicha suspensión.
También las personas jurídicas que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley serán sancionadas con multas de mil dólares y 100 dólares por cada día que transcurra sin que se subsane la causa que dio lugar al incumplimiento.
Intercambio de información
El pleno legislativo también aprobó en segundo debate el proyecto de ley 384, que crea el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otras disposiciones.
Esta iniciativa forma parte del compromiso de Panamá de mejorar su imagen a nivel internacional, cumpliendo con la implementación del intercambio automático de información para fines fiscales promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Nos hemos quedado atrás y por eso nos tachan de paraíso fiscal. Con esto vamos a poder tener fuerzas ante los organismos multilaterales y vamos a poder nosotros señalar a los países que no cumplen con los estándares de transparencia”, precisó Hincapié.
En tanto, el diputado Adolfo Valderrama, presidente de la comisión de Economía y Finanzas, señaló que no entrar en estos debates en años anteriores “nos ha llevado a fracasos”.
“Sí hay presiones internacionales, pero no de ahora; estos proyectos de ley hay que enfrentarlos sin perder de vista que afectarán al país de no aprobarse”, señaló.
