Denuncias de procesos de prescripción adquisitiva de tierras en Bocas del Toro “fraudulentas” y con visos de “ilegalidad” quedaron plasmadas en una resolución ejecutiva en la que el presidente Juan Carlos Varela instruyó a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para que actúe en defensa del Estado.
La acción surge luego de que el diputado de Costa Rica, Antonio Álvarez, demandara al Estado por $100 millones para mantener la propiedad de dos de cuatro fincas que adquirió de manera cuestionable en 2010 en el humedal Damani-Guariviara, de la comarca Ngäbe Buglé.
En la resolución ejecutiva promulgada en Gaceta Oficial se solicita a Porcell que utilice los medios legales necesarios para que 11 fincas “prescritas fraudulentamente” sean revertidas a su estado original.
VEA: Admiten ‘fraude’ en lío de tierras
