El Ejecutivo tiene pendiente sancionar, al menos, 45 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, entre los que destacan varias iniciativas vinculadas al sector agropecuario, revela un informe del Legislativo.
Entre los proyectos figuran, por ejemplo, el que crea el fondo ganadero, el que declara el arroz como cultivo de seguridad alimentaria y el que otorga apoyo económico a los productores afectados por el cambio climático.
El diputado Juan Carlos Arango, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios, indicó que el sistema democrático panameño “se frustra cuando se sabe que hay proyectos de ley consensuados y bien estructurados, pero que no se sancionan”.
“Es urgente elevar el tema agropecuario a un plan nacional de seguridad. Como país, hemos fallado en por lo menos 20 años [...] Panamá no puede seguir abandonando este sector”, enfatizó el diputado del oficialista Partido Popular (PP).
EJECUTIVO RETRASA PROYECTOS DE LEY
Un total de 45 proyectos de ley aprobados este año en tercer debate por la Asamblea Nacional (AN) están pendientes de sanción por el Ejecutivo.
De ese total de propuestas legislativas, 17 tienen más de 30 días de espera por el Ejecutivo para devolverlos al Legislativo sancionados y promulgados, o con objeciones por inexequibles o inconvenientes, parcial o totalmente.
El artículo 169 de la Constitución señala: “El Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar”.
De acuerdo con informes de la AN, estas 17 iniciativas, en su mayoría impulsadas por diputados, fueron remitidas al Ejecutivo entre el 8 de mayo y el 20 de septiembre de este año.
En esta lista están el proyecto de ley 213, que previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, favoritismo, sexismo y racismo en todos los ámbitos.
También está el 395, por el cual se prohíbe la publicación de avisos publicitarios o de cualquier contenido que contenga mensajes relacionados con la prostitución o que ofrezcan contactos o servicios de naturaleza sexual, exceptuando aquellos que se publiquen en medios limitados a adultos; y el proyecto 417, que establece la carrera de licenciatura en investigación criminal.
Además, en esta situación está el proyecto 507, por el cual se crea un logotipo distintivo de los productos panameños; el 329, que establece normas sobre movilidad de ciclismo urbano; y el 392, que adopta medidas para proteger, estabilizar e incrementar los sembrados de palmas aceiteras en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.
ÁBREGO EXPLICA
La presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, explicó que, pese a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, la práctica del Ejecutivo es tomar los proyectos que llegan al Ministerio de la Presidencia para sanción y enviarlos a los ministerios e instituciones que considere competentes, a fin de que emitan concepto sobre el texto aprobado, para lo cual tienen un periodo máximo de 30 días hábiles.
Según Ábrego, luego de ese trámite, el proyecto regresa a la Presidencia de la República y desde ese momento el Ejecutivo cuenta los 30 días que da la Constitución. “A juicio del Órgano Ejecutivo, lo que existe es un periodo límite para objetar y no para sancionar”, explicó.
El artículo 172 de la Constitución indica que “si el Ejecutivo no cumpliera con el deber de sancionar y hacer promulgar una ley en los términos, la sancionará y hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional”.
En ese sentido, Ábrego indicó que es el Ministerio de la Presidencia, bajo cuyo paraguas está adscrita la Gaceta Oficial, la entidad que puede cumplir con ese artículo, porque la AN no tiene un boletín oficial donde promulgar de forma forzosa esos proyectos de ley.
Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, indicó que los proyectos pendientes “estarán sancionándose progresivamente”. “Muchos aún están a la espera de revisión de los ministerios del tema”, puntualizó.
PROYECTOS AGROPECUARIOS
Entre las propuestas en espera de sanción por el presidente Juan Carlos Varela existen tres relacionados con el sector agropecuario.
Uno es el proyecto de ley 434, que crea el fondo ganadero y fija el pago de $2 por cada res sacrificada en los mataderos que operan en Panamá. Este fue propuesto por el perredista Rubén De León, aprobado en tercer debate el 20 de abril y enviado al Ejecutivo seis días después.
El segundo es el proyecto 451, que declara el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional y obliga al Instituto de Mercadeo Agropecuario a comprar toda la producción nacional de arroz, para que sea destinada al programa de seguridad alimentaria.
Entretanto, el tercero es el proyecto de ley 444, que establece un apoyo a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas.
Este último fue aprobado el 22 de mayo pasado y enviado al Ejecutivo un día después.
Mientras, otras dos propuestas sobre el agro, que sí fueron sancionadas por la Presidencia, se encuentran en suspenso por falta de reglamentación de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Estas fueron sancionadas el pasado mes de junio. Una de ellas contempla disposiciones para la importación de productos agropecuarios sujetos a contingentes por desabastecimiento, y la otra establece la organización y funcionamiento de las cadenas agroalimentarias.
De acuerdo con el departamento de Asesoría Legal de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea, el MIDA tenía tres meses para la reglamentación de la primera ley, y dos meses para hacer lo propio con la segunda.
Al ser consultado por este medio, el titular del MIDA, Eduardo Carles, aseveró que el ministerio “está en proceso” de la reglamentación de la ley de cadenas agroalimentarias. “Están funcionando a casi un 60%, 7 de las 14 más importantes”, dijo.
Este diario le reiteró a Carles que el plazo de reglamentación estaba vencido; sin embargo, solo se limitó a contestar que esto “es un proceso del MIDA con la Asamblea, a la par”.
El BDA necesita $50 millones
El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) necesita $50 millones para reactivar los préstamos a pequeños y medianos productores.
Desde abril, el BDA se quedó sin fondos para créditos, a pesar de tener comprometidos $20 millones con 990 productores. “Tramitamos un crédito de $50 millones con el Ministerio de Economía y Finanzas, que serían traslados de partidas, para reactivar el desembolso de créditos”, dijo Ricardo Solís, gerente general del BDA. “También esperamos que el Ejecutivo sancione el proyecto de ley 448, que modifica los aportes del Fondo Especial de Compensación de Intereses”.