REFORMAS CONSTITUCIONALES

Ejecutivo no podría nombrar y remover al director de la CSS

Ejecutivo no podría nombrar y remover al director de la CSS
Los diputados aceptaron, con mucha reticencia, recortar el período de reelección.

El pleno legislativo aprobó en segundo debate una propuesta para que sea la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) y no el Ejecutivo, quien tenga la facultad de nombrar y remover al director general de esta institución.

Actualmente, el artículo 35 de la Ley 51 de 2005 establece que el director de la CSS será nombrado por el Ejecutivo, por un período de cinco años, de una nómina de tres candidatos que surgirá de un concurso convocado por la junta directiva. El artículo 39 de la misma ley señala que el director solo podrá ser removido por el presidente de la República, previa “recomendación” de la junta directiva.

La reforma introducida por los diputados amplía, además, la vigencia del nombramiento, de cinco a siete años.

Actualmente, los 11 miembros de la junta directiva de la CSS son nombrados por el Ejecutivo de ternas o nóminadas presentadas, y ratificados por la Asamblea.

El pulseo de poder detrás de la reforma constitucional

Si bien el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, dice que se aprobó el 90% de las reformas constitucionales propuesto por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, en temas claves persiste la tónica del debate: recorte de facultades al Ejecutivo y nuevos poderes para Legislativo.

Entre otras cosas, los diputados le quitaron al Ejecutivo la potestad de nombrar al director de la Caja de Seguro Social (CSS); impusieron la iniciativa de que el voto de censura a un miembro del Gabinete implicaría que el presidente de la República estará obligado a destituirlo, y, probablemente lo más importante para muchos de ellos: abrieron la posibilidad de alterar el proyecto del presupuesto general del Estado.

¿Cambiaría algo para la CSS?

La propuesta de incluir a la CSS en las reformas a la Constitución fue llevada al Legislativo por el director de esa entidad, Enrique Lau Cortés, quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre.

En segundo debate, los diputados aprobaron que el actual capítulo sexto de la Constitución sobre “Salud, Seguridad Social y Asistencia Social” se dividará en dos para crear el capítulo séptimo, sobre “Seguridad Social y Caja de Seguro Social”.

Entre los cambios destaca el hecho de que será la junta directiva de la CSS la que nombrará al director, por un periodo de siete años.

La Ley 51 de 2005, que es la ley orgánica de la CSS, señala que el director será escogido por el Ejecutivo, de una terna presentada por la junta directiva de la Caja, por un periodo de cinco años.

La idea suena bien si en la CSS todo se manejara como en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la que el administrador es nombrado por la junta directiva, opinó Carlos Abadía, expresidente de la junta directiva de la CSS. Pero la propuesta aprobada por los diputados, a su juicio, no resuelve el problema.

“Si no se despolitiza la CSS con perfiles adecuados para la junta directiva, no estamos haciendo nada”, agregó Abadía.

Por su parte, Claude Betts, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, dijo que “blindar” la CSS sin antes haber convocado a un diálogo para resolver sus problemas es peligroso, porque podría perpetuarse la “profunda crisis” de esta institución sin visos de que se haga un cambio hasta una nueva reforma constitucional.

“La conformación de la junta directiva de la CSS mantiene la misma estructura y vicios que han plagado de graves desaciertos la conducción de los destinos de la CSS hasta la actualidad”, dijo Bett.

El voto de censura y otros poderes

El pleno legislativo modificó el artículo 161 de la Constitución, referente a las facultades de los diputados. Ya los diputados tienen la potestad de emitir un “voto de censura” contra los ministros, pero ahora han agregado la siguiente frase: “Aprobada la censura por dos tercios, el ministro cesará en su cargo. Para estos efectos el presidente deberá destituirlo”.

Igualmente, añadieron un nuevo acápite al artículo 161. Se faculta a la Asamblea Nacional para conceder vacaciones y sancionar por faltas administrativas al contralor y subcontralor General de la República, al defensor del Pueblo y al magistrado del Tribunal Electoral que es designado por el Legislativo, junto a su respectivo suplente. Actualmente, por ejemplo, cuando el contralor requiere vacaciones solo envía un memo a Recursos Humanos de la entidad y se tramita.

Además, los diputados incluyeron otra reforma al artículo 161 y así atribuirse el nombramiento del defensor del Pueblo adjunto, que hasta ahora es potestad del defensor del Pueblo titular.

El presupuesto, un sueño y muchos desvelos

La lucha entre el Ejecutivo y el Legisltivo por el manejo del presupuesto general del Estado es de larga data.

En 2002, la entonces presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) tuvo que usar el presupuesto del 2001 debido a que los diputados no le aprobaron el correspondiente a ese año.

Cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, en 2007, Pedro Miguel González, actual secretario general del Partido Revolucionario Democrático, se quejó en varias ocasiones porque los diputados no pueden modificar el presupuesto.

Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) las quejas de los diputados que integraban la Comisión de Presupuesto eran recurrentes. Incluso, en varias ocasiones se habló de “chantajes”.

Pero si estas reformas finalmente son aprobadas como están ahora, los diputados habrán logrado cumplir un viejo sueño eliminando una palabra clave de dos letras que podría tener un gran impacto en las finanzas públicas. La actual Constitución dice que la “Asamblea no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación". Ahora dirá: “La Asamblea Nacional podrá eliminar o reducir partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto...

Además, señala que ahora podrá aumentar las erogaciones o incluir una nueva erogación y aumentar el cálculo de los ingresos con el concepto favorable del contralor, que es un funcionario que nombran los diputados.

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