Si la Asamblea Nacional aprueba por insistencia el presupuesto con los “camarones” legislativos, el Ejecutivo tendría la opción de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras este órgano resuelve la petición que se haría, el Gobierno tendría que utilizar el presupuesto de 2018. Es decir, $350 millones por debajo del que se tiene previsto para 2019 ($23 mil 669 millones).
El economista Carlos Araúz aseguró que trabajar con un presupuesto desfasado representaría desafíos importantes en el uso de flujos, gastos y transferencias de partidas necesarias para cumplir a tiempo “en medio de la burocracia rampante”.
El Ejecutivo tiene previsto convocar para la próxima semana a la Asamblea a sesiones extraordinarias para discutir, entre otros temas, el presupuesto.
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