Ante la queja del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, de que por falta de asignación de recursos no ha podido implementar cerca de una docena de leyes que crean diferentes juzgados en el país, el Ejecutivo respondió que es “responsabilidad principal” del Órgano Judicial ejecutar el presupuesto que se le asigna.
“Si el Órgano Judicial no asigna los recursos a algunas tareas y sí a otras, eso se refleja en sus proyectos de presupuesto”, advirtió Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia.
“No puede pedirse más presupuesto si no se ejecutan a plenitud los presupuestos otorgados previamente”, señaló Sánchez.
Indicó que durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, el Judicial ha recibido más de $600 millones en su presupuesto, por lo que, observa, el Órgano Ejecutivo ha sido “sensible a las necesidades” de ese poder del Estado.
Entre las 12 leyes pendientes de ejecutar por Ayú Prado está la carrera judicial, para la cual se requieren $37.2 millones.
JUDICIAL, CON 12 LEYES REZAGADAS
“La falta y la mala distribución de recursos en el Órgano Judicial, es una de las falencias que sigue golpeando la administración de justicia en el país”, expresó la vicepresidenta de la Fundación para la Equidad de Género (Funda Género) y actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Joyce Araujo.
Los señalamientos de Araujo se dan tras conocerse, por parte del Órgano Judicial, que existen 12 leyes pendientes de implementar, las cuales incluyen la creación de juzgados agrarios, ambientales, de libre competencia, comarcales, de jurisdicción laboral, de familia y de ejecución de pensiones alimenticias, entre otras.
Para implementar estas leyes en su totalidad el Órgano Judicial requiere $72.9 millones, según un informe de esa institución al que tuvo acceso este medio.
El documento señala que de las 12 leyes que no se han implementado en su totalidad, hay normas que fueron creadas desde 1996.
Por ejemplo, la Ley 29 de febrero de 1996, sobre la defensa de la competencia. En esta jurisdicción falta por establecer el Juzgado Décimo, y para ello se requieren $1.5 millones. También la Ley 27 de agosto de 2015, que pone en marcha la carrera judicial; para ello se requiere de $37.2 millones.
'NO NOS DAN RECURSOS'
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, explicó durante la presentación del presupuesto para la vigencia de 2018, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que el estancamiento de estas leyes se debe a que ese órgano del Estado no recibe los recursos necesarios para su funcionamiento.
El magistrado, que tiene dos periodos como presidente del Órgano Judicial, asegura que todos los años en las asignaciones presupuestarias se contempla la puesta en marcha de estas leyes, pero los fondos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entrega a la Corte no son suficientes.
“Por falta de presupuesto nunca se ha podido crear el juzgado [décimo para la competencia de la defensa] y todos los años en los presupuestos eso se introduce de manera automática y todos los años no lo consideran”, acotó.
DIPUTADOS ACUSAN AL EJECUTIVO
Aunque las leyes fueron avaladas en tres debates en la Asamblea Nacional, algunos diputados consideran que la responsabilidad de que no haya recursos para estas normas recae en el Órgano Ejecutivo y el Judicial.
El diputado perredista Leandro Ávila indicó que las leyes que se han aprobado en el Legislativo en materia judicial son enviadas desde el Ministerio Público y la Corte “y en base a la necesidad de ellos y su justificación, nosotros se las aprobamos. Lo que pasa es que el Ejecutivo, que distribuye el presupuesto, ha venido ninguneando el presupuesto del Órgano Judicial y no les da lo que necesita”. Agregó que “mientras el Ejecutivo siga siendo el que dispone y distribuye el presupuesto, la democracia no va a avanzar”.
Igual opinión planteó el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós, quien considera que las autoridades no solo deben llevar a la Asamblea temas para lograr que se aprueben, sino que deben ir al Legislativo con las consultas previas al Órgano Ejecutivo sobre la reserva de los fondos para que esa iniciativa pueda convertirse en una realidad.
“Siento que es un balance de fuerzas que debe darse entre los diferentes órganos del Estado, no solo es que el Judicial venga y nosotros aprobemos, es que tienen que tener las consultas previas, porque quien maneja el presupuesto del Estado es el Órgano Ejecutivo”, señaló.
EJECUTIVO SE DEFIENDE
Desde el Ejecutivo, en tanto, señalan que la ejecución de las leyes que crean juzgados y tribunales bajo el Órgano Judicial, por regla general, “es responsabilidad principal de la Corte Suprema de Justicia”.
“Si el Órgano Judicial no asigna recursos a algunas tareas y sí a otras, se refleja en sus proyectos de presupuesto. Presupuestos en cuya aprobación, como es conocido, también participa el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, en un procedimiento que está regulado, y en el que hay amplia participación”, manifestó el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez.
El funcionario argumentó que el buen funcionamiento del Órgano Judicial es fundamental en todo Estado democrático, pero el Ejecutivo ha sido sensible a las necesidades presupuestarias del Órgano Judicial hasta ahora, y pretende seguir siéndolo.
“Pero ese no es el principal problema de la administración de justicia, como creo que resulta evidente para todos los panameños”, dijo, al tiempo que agregó que durante la actual administración “el presupuesto del Judicial ha presentado un crecimiento”.
En los últimos tres años el Judicial ha recibido cerca de $687.1 millones (ver tabla).
‘CIUDADANOS PIERDEN’
Sin embargo, Joyce Araujo, de Funda Género, señala que con la falta de juzgados los únicos que pierden son los ciudadanos, “esa población vulnerada que acude a la justicia y no encuentra respuesta”.
En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, hizo hincapié en que el Judicial tiene fondos para viajes y pagar maestrías a funcionarios, pero no para terminar de implementar leyes que en algunos casos datan de 1990.
“ Es hora de que el Judicial busque la manera de solucionar eso, porque esa excusa de que no hay recursos y por eso no se implementan las leyes ya no es creíble”, dijo. Aseguró que hay un serio problema en esa institución en despilfarro de dineros para viajes y en el tema de los nombramientos.
Para Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral y miembro de la Cámara Marítima de Panamá, existen jurisdicciones a las que le faltan algunos juzgados, lo que es una condición que no debe cumplirse en un Estado de derecho, porque si hay carencia de justicia, los que más sufren son los más humildes.