El año 1999, 22 años después de la firma de los tratados Torrijos-Carter, cerraría con el dramático traspaso del Canal a manos panameñas. Terminaba así casi un siglo de presencia e influencia estadounidense en la vida política y social del pueblo istmeño.
Se aproximaba una nueva era en la democracia y eso despertó un debate en relación con lo que se haría, como nación, desde ese momento.
Por lo tanto, el Canal, la corrupción, las áreas revertidas y el cuidado del medio ambiente eran los temas que dominaban la agenda pública en aquel momento, cuando el Canal pasó a manos panameñas.
Trascendía el discurso político que abogaba por un Panamá independiente y eficaz. De acuerdo con analistas, esto hizo que las elecciones de 1999 fueran uno de los eventos más importantes en la historia panameña.
La presencia de explosivos no localizados, rastros de experimentos químicos, derrames de petróleo y demás elementos en la antigua Zona del Canal se entendieron como amenazas para la seguridad ciudadana y el bienestar ambiental, sobre todo dentro del contexto de que las áreas revertidas serían viables para comercios, viviendas e instituciones panameñas.
Las actitudes que favorecían un Panamá autónomo se reflejaron fuertemente en el rechazo a las reformas constitucionales propuestas en 1998 por el entonces presidente Ernesto Toro Pérez Balladares, que le hubiesen permitido reelegirse inmediatamente, una vez concluyera su período como mandatario. Esto encendió una campaña de “No a la Reelección” que se asemeja considerablemente al movimiento ciudadano que se vive en la actualidad.
En aquel entonces, Panamá se encaminaba a celebrar una década en democracia con las elecciones de 1999, y la reelección inmediata de Pérez Balladares se percibió como un atentado contra la democracia, por la cual se había sufrido y luchado por años.
Esta misma consideración envolvió la controversia del Centro Multilateral Antidrogas (CMA): una propuesta de seguridad auspiciada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que pretendía mantener la presencia militar extranjera en Panamá. La inflexibilidad de los embajadores estadounidenses, combinada con el fervor patriótico de las elecciones, llevó al colapso las negociaciones sobre el CMA.
Así mismo, una encuesta del Barómetro Centroamericano, auspiciada por las Naciones Unidas, determinó que el 77.4% de los votantes quería utilizar las áreas revertidas para inversiones económicas, rechazando la presencia de bases militares estadounidenses.
