El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer que los fiscales que lo acusaron de estar al frente de una enorme red de sobornos tienen motivos políticos y simplemente tratan de evitar que él se postule a la presidencia en 2018.
Durante una conferencia de prensa de una hora que parecía más un acto de campaña que una defensa ante cargos penales, Lula indicó que sus detractores no pudieron frenarlo a él ni a su Partido de los Trabajadores (PT), de tendencia izquierdista.
Aseguró que las acusaciones responden a la voluntad de las “élites” de acabar con su vida política como epílogo a la reciente destitución de su sucesora Dilma Rousseff. “Estoy hablando como un ciudadano indignado”, dijo el exobrero metalúrgico al comenzar su declaración.
Como reiteró constantemente, el expresidente subrayó que es inocente y que no tuvo nada que ver con un ardid de sobornos centrado en la paraestatal Petrobras.
“Si ellos logran demostrar que yo era corrupto, yo mismo me entregaré y seré un prisionero”, declaró Lula, que en dos ocasiones rompió en llanto rodeado por partidarios en un hotel de Sao Paulo. Luego retó a los fiscales a presentar pruebas concretas en su contra. “No estoy por encima de la ley. Cuando transgreda la ley, castíguenme”. “Sigan atacando, estaré aquí, no voy a perder el sueño (...). La historia mal comenzó. Algunos piensan que terminó. Voy a vivir mucho. Tengo 70 años, pero quiero vivir 20 más”, desafió, rodeado por un gran número de militantes y pesos pesados del PT.
Después de su discurso, Lula no aceptó preguntas de los reporteros.
Fiscales federales acusaron al exmandatario el pasado miércoles de ser el “comandante superior” del operativo de sobornos en Petrobras. Sin embargo, los cargos fueron mucho más limitados en cuanto a alcance. El político, su esposa y otras cinco personas fueron acusadas de lavado de dinero y corrupción.
Lula es acusado de beneficiarse de las renovaciones de un apartamento a la orilla de la playa en la ciudad costera de Guaruja, en el estado de Sao Paulo. Las renovaciones, valuadas en aproximadamente 750 mil dólares, fueron realizadas por la constructora OAS, una de las empresas implicadas en la red de sobornos de Petrobras. Los fiscales también creen que Lula resultó beneficiado de que OAS pagara la renta de una bodega para guardar regalos que él recibió durante su mandato.
El expresidente ha sostenido que visitó el penthouse pero nunca ha sido su propietario.
La llamada operación Lava Jato ha llevado a la detención de decenas de empresarios y funcionarios de alto rango, entre ellos varios con fuertes lazos con el Partido de los Trabajadores.
La fiscalía señaló que más de 2 mil millones de dólares en sobornos fueron pagados como parte de un plan que sacudió a Brasil, un país que por mucho tiempo ha lidiado con la corrupción.
Lula fue presidente del país entre 2003 y 2010, y dejó el poder con un índice de aprobación superior al 80%. Sin embargo, el escándalo de Petrobras, la recesión en la mayor economía de Latinoamérica y la agitación política en los años recientes han afectado su reputación.
Las imputaciones contra Lula se produjeron 15 días después de que el Senado depuso a Dilma Rousseff de la Presidencia, en la que había reemplazado a Lula, por haber hecho ajustes en los fondos de manera ilegal entre presupuestos.
Rousseff y Lula han argumentado que la campaña a favor del proceso de destitución contra ella también tuvo motivos políticos, que fue una manera de debilitar al PT.
“Estoy orgulloso de haber creado el partido izquierdista más importante de Latinoamérica”, afirmó el líder sindical ayer.
Sergio Moro, el juez que supervisa la investigación, será el que decida si Lula irá a juicio. Mientras, en un caso separado vinculado con Petrobras, el exmandatario será enjuiciado por cargos de obstrucción de la justicia.
Desde hace tiempo Lula ha tratado de quitarle los casos que enfrenta a Moro, que en el último par de años se ha hecho famoso por encerrar a personajes destacados.