Massimo Ponzellini, exdirector de Impregilo y de la Banca Popular de Milán, y Alberto Rubegni, administrador delegado de la empresa de construcción italiana, deberán declarar ante el Colegio de Jueces de la sexta sección del Tribunal de Nápoles hoy jueves.
El fiscal adjunto Vinzenzo Piscitelli acusa a Valter Laví-tola de coaccionar a Impregilo, instigado por funcionarios panameños, para que financiara los $22 millones que costaba la construcción de un hospital en Veraguas, prometido en 2010 por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Impregilo indicó a La Prensa que no le interesa en lo absoluto el juicio y rechazó cualquier posibilidad de constituirse como parte dañada civil del proceso.
La presidenta del Colegio de jueces, Giovanna Cepalluni, ordenó a los peritos judiciales transcribir dos de las interceptaciones a los máximos responsables de Impregilo, que revelaban la amenaza de Martinelli de divulgar noticias falsas sobre su labor en la ampliación del Canal para perjudicar las acciones de la empresa en la bolsa de valores. Se trata de la conversación del 2 de agosto de 2011 entre Massimo Ponzellini –entonces presidente de Impregilo, y el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi– que evidencia amenazas y presiones directas que recibió la empresa para que construyera el hospital. “Tienen que llegar a un acuerdo con Panamá sobre el hospital o Martinelli comenzará a cancelar contratos”, le advirtió Berlusconi a Ponzellini.
En otra interceptación, al día siguiente, Ponzellini definió el tema del hospital como un desagradable problema ante el consejero delegado de Impregilo, Alberto Rubegni. “Lavítola ha llamado al Presidente y le ha dicho que Martinelli está enfadadísimo por el hospital”, dijo Ponzellini. Rubegni le contestó: “pero qué coño quieren, les hicimos un ofertón con el Metro y no nos lo dieron”.
“Es necesario quitarse de los cojones a esta gente”, dijo Ponzellini, y Rubegni añadió: “qué mierda de país, es una república bananera”.
Por otro lado, en Panamá el despacho de la procuradora de la Nación, Ana Belfon, analiza un informe remitido por Italia sobre la supuesta vinculación de funcionarios panameños en corrupción tras contratos para la construcción de cárceles modulares. El secretario de la Procuraduría, Ramsés Barrera, dijo que aún no se puede tomar una decisión sobre si hay o no un delito.
(Con información de Elio Núñez).