Cinco incidentes de controversia fueron interpuestos por cuatro acusados por supuestos delitos de corrupción de funcionario público por dar a conocer información clasificada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y supuestos sobrecostos en los trabajos de remodelación de la oficina de esa entidad.
Los recursos legales fueron presentados por Enma Reyes, exdirectora de la UAF en el gobierno de Ricardo Martinelli, y otras tres acusadas.
Se solicitó la nulidad de las resoluciones de la Fiscalía Tercera Anticorrupción que ordenaron la indagatoria de las cuatro acusadas.
Carlos Carrillo, abogado de Reyes, informó que además de solicitar la nulidad de la indagatoria, pidió que se deje sin efecto la resolución por medio de la cual empezó la investigación.
El proceso se inició por una denuncia anónima presentada en mayo pasado, en la que se advirtió de que los trabajos costaron $200 mil y no $695 mil. Las remodelaciones fueron pagadas con fondos del Programa de Ayuda Nacional.
También se investiga la divulgación de información de la UAF en abril pasado, por parte del Diario Las Américas, editado en Miami, Estados Unidos, sobre supuestas transacciones bancarias “irregulares” de un excónsul que el periódico vinculó al actual presidente Juan Carlos Varela.
Los cinco incidentes de controversia fueron asignados al Juzgado Tercero Penal. El juez Manuel Mata corrió traslado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para que se pronuncie sobre los recursos legales.
Junto a Reyes se ordenó la indagatoria de Giovanna Mendoza, Marisabell González y Yulis del Carmen Navarro.
El pasado 2 de septiembre, el actual director de la UAF, Alexis Bethancourt, interpuso una querella penal contra Reyes por haber utilizado vehículos, personal y fondos de la entidad para fines personales.
Además, Bethancourt acusó a Reyes por suministrar información confidencial.
Los funcionarios de la UAF están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.
Las acusaciones indican que Reyes supuestamente utilizó recursos del Estado para celebrar la fiesta de cumpleaños de su hija, la cual tenía a su disposición un vehículo del Estado y personal del Servicio de Protección Institucional que custodiaba la UAF.
La denuncia también menciona que la exfuncionaria contrató a un fotógrafo para trabajar en “actividades privadas” de Reyes y su familia. Bethancourt solicitó la detención preventiva de Reyes.
La UAF es una entidad subordinada al despacho de la Presidencia de la República.