Diversificar las fuentes de ingresos y destinar más y mejores recursos al sistema educativo, así como en la innovación, son parte de los retos que tiene Panamá para alcanzar ser un país más equitativo.
Así lo muestra un informe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentado en octubre pasado.
El documento, denominado Estudio Multidimensional sobre Panamá, indica que si bien el crecimiento económico del país ha contribuido a reducir la pobreza y a mejorar el nivel de ingreso medio en la última década, el modelo de crecimiento se ha basado en las inversiones físicas y en actividades limitadas.
El país depende fuertemente de actividades relacionadas con el Canal, la construcción y las finanzas, lo que, según la OCDE, es insuficiente para sostener un mayor progreso socioeconómico e inclusivo.
‘MÁS QUE EL CANAL’
El economista y catedrático de la Universidad de Panamá Adolfo Quintero manifestó que Panamá requiere aprovechar más su posición geográfica y generar actividades logísticas.
Desde su punto de vista, el país “debe ser más que el Canal” e impulsar inversiones, como el trasbordo de mercancía, servicios internacionales financieros, seguros, reaseguros, entre otras actividades conexas que tengan un efecto multiplicador dentro de la economía, de tal forma que los beneficios lleguen a toda la población.
Quintero consideró que Panamá tiene todas las condiciones para sobreponerse al subdesarrollo, sin embargo, no ha habido la voluntad por parte del Estado.
EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
“Panamá muestra deficiencias sustanciales en el ámbito de la educación y las competencias que influyen directamente sobre la productividad y la inclusión”, plantea el informe de la OCDE.
La informalidad laboral, la brecha entre innovación e infraestructura, la escasa inversión en investigación y desarrollo, así como las deficiencias en la capacidad institucional para adoptar e implementar su agenda de desarrollo también forman parte de los desafíos.
Las estadísticas sobre los aspectos antes mencionados son contundentes.
Los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo en el que participó Panamá en 2013 y en donde se evaluó el aprendizaje en 15 países de América Latina y el Caribe en matemática, lectura y ciencias naturales, ubican al país en la posición número 11.
Mientras que la Contraloría General de la República precisa que el año pasado había 213 mil 229 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que ni trabajan ni estudian.
De igual modo, datos del Banco Mundial indican que en Panamá la inversión anual en temas de ciencia, investigación y tecnología corresponde al 0.2% del PIB, es decir, 0.5 puntos por debajo del de la región.
LA GÉNESIS
El ingeniero René Quevedo, quien durante 22 años ha desarrollado programas de capacitación, inserción y reinserción laboral de grupos socialmente marginados, señaló que el escenario planteado por la OCDE tiene un claro origen.
Quevedo sostiene que el problema radica en que “el sistema educativo del país está divorciado del sector productivo y laboral”.
Precisó que anualmente se gradúan 26 mil profesionales universitarios, pero en el último año solo fueron contratados 2 mil 36.
Ante esta situación, Quevedo señaló que los cambios que requiere el sistema educativo son multifactoriales y tomarán varios años, ya que se necesitan hacer ajustes que van desde el nivel preescolar hasta el universitario.
Para lograr resultados en el menor tiempo posible, propone que se impulse la formación técnica superior, que haya un diálogo permanente entre todas las entidades de enseñanza del país y el sector productivo, así como que se fije un método de evaluación del sistema que permita hacer los ajustes necesarios.
‘ESTAMOS INVIRTIENDO’
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, reconoció que se debe reducir la brecha de desigualdad.
Al recibir el informe en octubre pasado, añadió que el Gobierno “está comprometido en promover la inclusión”.
También agregó que “se han destinados los recursos para mejorar la calidad de vida de los panameños menos favorecidos”.
De hecho, Jorge González, secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, detalló que en tres años de gestión se han invertido más de 7 mil millones de dólares en proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población.
Entre los proyectos sobresalientes están la creación del Instituto Técnico Superior Especializado y la Ley 25 de mayo de 2017 de fomento industrial, que entre otras cosas incrementa los incentivos fiscales a 40% para inversiones en investigación, innovación y capital humano, así como la gestión ambiental.