La estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) ha tenido que asumir pagos por $129.5 millones a favor de las compañías de generación eléctrica por no contar con la capacidad para transportar toda la energía producida en las plantas hasta los centros de consumo en el país.
El dinero fue desembolsado desde agosto de 2013 hasta septiembre de 2017, como parte de un compromiso de la empresa estatal para mitigar las pérdidas que enfrentan las hidroeléctricas que no cuentan con la tercera línea desde Chiriquí hasta Panamá, un proyecto que se debió iniciar en 2009.
Frente la necesidad de la línea, en 2014, meses antes de terminar el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, la construcción de la obra fue adjudicada por el entonces gerente de Etesa, Fernando Marciscano, a Odebrecht, empresa que reconoció haber pagado sobornos para ganar proyectos en, por lo menos, 12 países.
La tercera línea inició operación comercial en octubre pasado, con casi cuatro años de atraso. El actual gerente de Etesa, Gilberto Ferrari, advirtió que los costos asumidos se hubiesen podido evitar.