El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) visitará Panamá entre el 20 y 26 de agosto próximo para evaluar el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad y las medidas que se toman para protegerlas contra los maltratos y las torturas.
Esta sería la primera vez que se haga una evaluación de este tipo en Panamá, desde que el país ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (Opcat, por sus siglas en inglés), en el año 2011.
El mandato de este órgano de Naciones Unidas permite que sus miembros -25 expertos independientes de distintas nacionalidades- puedan realizar visitas sin autorización previa.
Audrey Olivier Muralt, directora de América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), precisó que el organismo realiza visitas a cualquier lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, tales como prisiones, comisarías de Policía, centros para inmigrantes, servicios de seguridad, instalaciones de interrogatorios u hospitales psiquiátricos.
El grupo que vendrá a Panamá, según Olivier Muralt, estará conformado por cuatro expertos.
Durante los últimos 11 años, desde que entró en vigor el Opcat, la subcomisión ha realizado medio centenar de visitas, ofreciendo recomendaciones para mejorar la eficiencia de estos mecanismos de vigilancia.
MECANISMO DE PREVENCIÓN
La directora de la APT en América Latina indicó que, como parte del cumplimiento del Opcat, se creó el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley 6 del 22 de febrero de 2017, como una dirección nacional adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Olivier Muralt acotó que aunque está adscrito a la Defensoría del Pueblo, la ley le confiere independencia funcional y de criterio. “Este mecanismo tiene como fin prevenir cualquier acto de tortura y otros tratos crueles, mediante le ejecución de inspecciones regulares en cualquier lugar de privación de libertad”, dijo.
Asimismo, explicó que tendrá la facultad de emitir sanciones éticas públicas, las que no excluyen otros tipos de responsabilidades (civil, penal, etc.) para los que sean sancionados.
El mecanismo está integrado por un director y subdirector nacional, quienes serán escogidos por un comité de selección creado por esta ley.
Dicho comité debe estar integrado por un representante de los tres órganos del Estado y dos representantes de las organizaciones de sociedad civil.
Olivier Muralt explicó que el SPT pretenderá reunirse con el director y el subdirector de la dirección nacional adscrita a la Defensoría durante su visita al país. Sin embargo, adujo que esto “quizás no sea posible, ya que aún no han sido escogidos.
“Hasta la fecha solo hay un representante del Órgano Judicial y dos de la sociedad civil, pero aún faltan representantes del Órgano Ejecutivo y Legislativo”, señaló.
Entretanto, previo a la visita del SPT, entre el 3 y 4 del próximo mes de agosto, el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), ubicado en Ginebra, evaluará el grado de cumplimiento del Estado panameño de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.