La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) a que lance una investigación por presunto abusos y torturas por el Gobierno venezolano.
El presidente “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo Ortega luego de depositar en la CPI en La Haya un legajo con mil piezas de evidencia.
Ortega, de 59 años de edad, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política, y está bajo protección del Gobierno colombiano, que le ofreció asilo.
Delante de la sede de la CPI, bajo la lluvia, luego de entregar los legajos a la oficina del fiscal general de la CPI, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno “deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”.
“(Ocurrieron) todas bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados por un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, un arrase”, dijo en declaraciones a las puertas de la Corte.
Ortega indicó que la Policía y los militares mataron a unas mil 767 personas en 2015. El año pasado hubo 4 mil 677 muertes, y mil 846 fueron asesinadas en los primeros seis meses de 2017.
Su expediente incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos “crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.
Ortega manifestó que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la Fiscalía General en 2015. También denunció al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al de Justicia, Néstor Reverol, o al director del Sebin, Gustavo Gonzales López, entre otros responsables del Gobierno.
“También incluimos en la denuncia más de 17 mil detenciones arbitrarias, (...) la militarización de la seguridad ciudadana (...) que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones”, agregó. “Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional, por cuanto en Venezuela no hay justicia”, añadió.
Sin embargo, no es cosa segura que la fiscal principal de la Corte, Fatou Bensouda, haga lugar al pedido de Ortega. Su oficina recibe cientos de denuncias similares por año.
En el pasado, la Fiscalía recibió otras denuncias de presuntos crímenes políticos de las autoridades venezolanas contra la oposición política. En 2006 se negó a iniciar una investigación, pero aclaró que se podía revisar la decisión “a la luz de nuevos hechos o pruebas”.
Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista ha hecho un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.La ex fiscal general huyó del país en agosto al ser destituida por una nueva asamblea constituyente, leal a Maduro. Por ley, solo la Asamblea Nacional (Parlamento), una de las pocas instituciones dominadas por la oposición, puede destituir al fiscal general, y muchos gobiernos extranjeros se han negado a reconocer al sucesor de Ortega.Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones al país.Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país.Desde que se creó la CPI en 2002, la Fiscalía recibió unas 10 mil denuncias de grupos, de particulares o de países, para que investigue supuestos crímenes.
Solo este año, militantes desde México a Filipinas pasando por los territorios palestinos presentaron denuncias para obtener una investigación de la CPI.
Hay actualmente 10 investigaciones preliminares en la CPI y 11 investigaciones en curso. La mayoría de las investigaciones estuvieron hasta ahora concentradas en casos de países africanos.
Las denuncias de la exfiscal coinciden en el mismo día que la exposición que hizo la oenegé Cruz Verde ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las protestas ocurridas en Venezuela durante los meses de abril, mayo y junio de este año.
Las estadísticas reveladas por esta organización revelan que 48 personas murieron por disparos con arma de fuego, mientras que 8 fallecieron por entrar en contacto con cables de alta tensión eléctrica.
Otros números revelan que dos personas murieron al ser impactadas por bombas lacrimógenas, además de una persona por chocarse con una barricada y otra resultó muerta tras recibir el golpe de un objeto contundente.
En la audiencia celebrada en la sede de la OEA en Washington también participaron los padres del joven asesinado en las protestas opositoras, Juan Pablo Pernalete.
“A mi hijo no lo asesinaron con una pistola de perros como dijo falsamente el Gobierno, sino con una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana a corta distancia”, relató el padre José Pernalete.
En aquella audiencia, los padres del joven denunciaron que hasta la fecha no se capturó al funcionario que asesinó a su hijo y afirmaron que en Venezuela “es política de Estado encubrir los asesinatos y violaciones a los derechos humanos”.
“Con una bandera [que llevaba en el momento de la manifestación] no se tumba un gobierno, mi hijo no era terrorista. El único pecado de mi hijo, fue pensar diferente, no quererse ir de su país. Ese fue su pecado y el de todos los jóvenes asesinados. Nos quitaron todo”, agregó por su parte la madre del joven que se manifestaba contra el Gobierno.
Otro de los testimonios que se escucharon en la jornada de ayer fue el del padre del joven Fabián Urbina, Iván José Urbina, asesinado el pasado 19 de junio mientras protestaba contra el Gobierno en la plaza Altamira de Caracas.
La de ayer fue la tercera ronda de unos encuentros en la OEA para tratar de entender la magnitud de la represión registrada durante las protestas opositoras que ocurrieron a mediados de este año y ver si los testimonios denunciados deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional.
Antes de realizarse esta reunión, una delegación del partido opositor Voluntad Popular se dirigió en horas de la mañana a la sede de la OEA para entregar un documento aprobado por la Asamblea Nacional en el que se denuncia la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.
(Con información de ‘El Nacional’)