La Suprema Corte de República Dominicana ordenó la excarcelación de varios de los presuntos implicados en los sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht, entre ellos, el exministro de Industria y Comercio, por considerar que no presentan peligro de fuga y por falta de pruebas contundentes.
El tribunal tomó la decisión en la noche del pasado sábado, al final de tres días de audiencias maratónicas en las que analizó las apelaciones de 9 de los 10 implicados en el caso. Por decisión de un juez, los implicados estaban en prisión preventiva desde principios de junio, ya sea en cárceles o en arresto domiciliario.
Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte, explicó al término de la audiencia que el expediente elaborado por la Procuraduría General no presenta pruebas contundentes contra los acusados y está basado solo en informaciones enviadas desde Brasil que “no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados”.
La Procuraduría había solicitado la detención de los 10 implicados y de otras 4 personas a finales de mayo, luego de recibir el expediente de la investigación realizada por las autoridades de Brasil. Uno de los acusados está fuera del país y hay una orden de arresto en su contra, mientras que los otros tres son legisladores y gozan de inmunidad parlamentaria.
La investigación sobre los sobornos millonarios de Odebrecht fue enviada desde Brasil como parte de un acuerdo en el que el Gobierno dominicano renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía a cambio de una multa de 184 millones de dólares e información que permita enviar a los tribunales a los funcionarios locales que se beneficiaron de las coimas.
“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria”, insistió Germán, quien encabeza el tribunal compuesto por cinco jueces.
El tribunal solo dejó en prisión preventiva de un año al empresario Ángel Rondón y de nueves meses al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
El exdirector del Instituto de Agua Potable Roberto Rodríguez no apeló su arresto domiciliario de nueve meses. A los otros siete implicados, la Suprema Corte les varió la coerción de prisión preventiva a libertad condicional bajo fianza o arresto domiciliario.