El Juzgado Undécimo Penal le puso un ultimátum a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga: le exige que le remita, en el estado que estén, las sumarias seguidas al exdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI) Jaime Trujillo, a quien se investiga por la supuesta comisión de los delitos de peculado, tráfico ilegal de armas y corrupción de servidores públicos.
En una resolución del pasado 31 de enero, la jueza Nixela Aizprúa aceptó un recurso de Gladys Quintero, abogada de Trujillo, para que la fiscalía enviara el expediente al Órgano Judicial, dado que la investigación empezó hace tres años y no ha concluido.
En su fallo, la jueza le da la razón a Trujillo sobre el tiempo transcurrido desde que empezó la pesquisa. También anota que ya le han concedido dos prórrogas al Ministerio Público y aún no ha terminado la investigación.
El Juzgado ahora debe analizar el caso.
Este proceso empezó a raíz de una denuncia presentada el 10 de octubre de 2014 por Edgar Torres, en representación del SPI. Torres afirmó que el 28 de julio de 2014 realizó una inspección en depósito de armamento y encontró siete armas Glock que no eran de la entidad.
Torres preguntó al responsable del depósito en el SPI y este le dijo que las armas “eran ajenas a la institución y que seis se encontraban allí porque los propietarios no habían presentado los permisos para retirarlas. La séptima necesitaba ser reparada”.
El denunciante también narró que una investigación más profunda en la entidad concluyó que seis de las siete armas que encontraron eran parte de un total de 406 armas que importó una empresa privada para determinados beneficiarios.
Se estableció que Trujillo fue el enlace para recibirlas, según el documento, una acción que, según la demanda, no fue legal, debido a que el Ministerio de Seguridad Pública, a través de una resolución del 29 de octubre de 2012, prohibió la importación de armas de fuego.