La separación de Gustavo García de Paredes del cargo de rector de la Universidad de Panamá (UP), así como la de sus colaboradores implicados en el “perjuicio económico” detectado por la Contraloría General de la República, exigió el Movimiento de Adecentamiento Universitario (Movadup).
En carta dirigida a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, el movimiento hizo el pedido para que “no estorben más la acción de la justicia, cesen sus arbitrariedades y el pueblo panameño pueda recuperar su universidad”.
La reacción de la agrupación surgió tras conocerse el resultado de una auditoría de la Contraloría, que arrojó un “perjuicio económico” contra la UP de unos 500 mil dólares.
El análisis de la entidad fiscalizadora incluyó los ingresos de 13 unidades universitarios que llevaron a cabo actividades de autogestión, y cuyos ingresos eran depositados en una cuenta bancaria privada de la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) para su administración.
La auditoría indica que, por la administración de los dineros universitarios, la Fudep cobraba 10% de comisión, con o sin acuerdo que estableciera dicha obligación, y que las compras efectuadas por la Fudep violaron la Ley de Contrataciones Públicas.
Además, se percataron de que tampoco contaban con las cotizaciones y documentos que sustentaran las adquisiciones.
“Señora procuradora: usted, que prometió al Movadup que comenzaría la imputación de cargos al rector por desacato a las disposiciones judiciales, conoce que él, bajo el principio de ‘responsabilidad de la autoridad superior’, es el principal responsable por estos delitos (...) con los primeros informes entregados a regañadientes por el contralor, Federico Humbert, cuenta usted con pruebas e indicios suficientes para solicitar que todos ellos sean separados inmediatamente de los cargos públicos que ocupan”, cita la misiva.