El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la nulidad de todo lo actuado en el caso por el presunto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), en lo concerniente al expresidente Martín Torrijos, quien era investigado en este proceso junto al diputado Carlos Afú.
Durante el pleno de la CSJ, celebrado el pasado jueves, siete de los nueve magistrados decidieron avalar la ponencia de su homólogo Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, al resolver un incidente presentado por James Bernard, abogado de Torrijos.
En 2010 Bernard presentó un incidente de nulidad por violación del fuero electoral contra la decisión de indagar a Torrijos (diputado del Parlamento Centroamericano), orden que fue emitida por el magistrado Alejandro Moncada Luna, en ese momento designado como fiscal para instruir las sumarias del Cemis. El pleno de la Corte resolvió admitir este incidente y ordenó la nulidad de todo lo actuado en cuanto a Torrijos.
Los magistrados también decidieron dejar sin efecto otros nueve incidentes presentados por Bernard, entre los que se incluían incidentes de nulidad, controversia y de prescripción.
El fallo contó con el salvamento de voto de los magistrados Harry Díaz y Luis Mario Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía.
Mientras que los magistrados Víctor Benavides, Secundino Mendieta, quien actuó por el magistrado Ayú Prado; Gabriel Fernández, quien remplazó a Alejandro Moncada Luna; Delia Carrizo, suplente de Harley Mitchell, y Oydén Ortega emitieron votos razonados.
Según el incidente presentado por la defensa de Torrijos, el entonces fiscal del caso Alejandro Moncada Luna debió solicitar el levantamiento del fuero electoral de Torrijos para poder indagarlo, pero ese trámite no se cumplió.
Paralelamente en 2010 la defensa de Torrijos recusó a Moncada Luna, lo que motivó que se declarara impedido en este proceso y asumiera la instrucción del proceso su suplente, Abel Zamorano.
Zamorano continuó con el proceso y el 10 de julio de 2012, 10 años después de haberse denunciado el caso Cemis, emitió una vista fiscal en donde solicitó el llamamiento a juicio de Torrijos y pedía un sobreseimiento definitivo a favor del diputado Carlos Afú, quien el 16 de enero de 2002 fuera la persona que en una conferencia de prensa mostró un fajo de billetes, que según él había sido entregado a algunos diputados para aprobar el contrato del Cemis.
¿Qué era el Cemis?
El Cemis, creado mediante la Ley 123 de 29 de diciembre de 2001, era un proyecto promovido por el grupo San Lorenzo, que tenía previsto invertir unos 400 millones de dólares para desarrollar un proyecto multimodal en la provincia de Colón.
Durante la administración de la expresidenta Mireya Moscoso se suscribió el Contrato-Ley 3 de 15 de enero de 2002, que aprobaba su ejecución.
Sin embargo, el 16 de enero de 2002, el entonces legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Carlos Afú confesó haber recibido dinero, junto a otros colegas y copartidarios, para aprobar el citado contrato para la construcción del Cemis.
En ese momento, Afú admitió haber recibido, al igual que otros legisladores del PRD, la suma de 6 mil dólares a cambio de la aprobación del contrato.
Durante la conferencia Afú desmintió acusaciones de su colega Mateo Castillero, quien lo acusaba de haber recibido un millón de dólares para dar su voto favorable para la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, el 9 de enero de 2002.
Luego se produjeron unas declaraciones de la entonces legisladora Balbina Herrera, quien ratificaba la existencia de una serie de pagos para aprobar la designación de Cigarruista y Spadafora a la CSJ.
El 17 de enero de 2002 el Ministerio Público decidió abrir una investigación de oficio por las declaraciones de Afú y Balbina Herrera.
Así, se ordena las indagatorias de los diputados Afú y Castillero y se toma declaración jurada a Balbina Herrera.
El 4 de febrero de 2002 el Ministerio Público aplica un impedimento de salida del país a Martin Rodín y Stephen Jones, quienes figuran entre los principales accionistas del Consorcio San Lorenzo.
El 31 de diciembre de 2002, el entonces procurador Sossa envía la vista fiscal sobre el caso Cemis a la CSJ, en ella solicitaba juicio para Carlos Afú y los ejecutivos del Cemis, Martin Rodín y Stephen Jones.
El 17 de septiembre 2003 la CSJ decide cerrar el caso Cemis y el supuesto pago para la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.
En diciembre de 2009 se reabre el caso, tras una petición de la exprocuradora Ana Matilde Gómez.
El 20 de agosto de 2010 se ordena la indagatoria de Torrijos, luego de que el expresidente Ernesto Pérez Balladares y el exministro Roosevelt Thayer entregaran una grabación en la que supuestamente el exdiputado Manuel De la Hoz acepta que el exmandatario le ordenó ir a Colón a buscar el dinero del Cemis, para entregarlo a los legisladores.
La defensa de Torrijos alega que la vinculación hecha a su cliente carece de sentido y que la imputación se produjo 10 años después de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
James Bernard aseguró que a pesar de no conocer en detalle el fallo, el archivo es un triunfo de la justicia, ya que en un principio nunca fue mencionado por ninguna de las partes.
Bernard aclaró que la decisión de la CSJ no cierra definitivamente el caso Cemis y que será necesario conocer el contenido de la decisión para saber el destino del proceso.
En el Juzgado Cuarto Penal se encuentra el expediente seguido a los miembros del Consorcio San Lorenzo Martin Rodín, Stephen Jones y el exlegislador Mateo Castillero. En este proceso se han presentado recursos para lograr la nulidad del proceso. El último fue rechazado por el Segundo Tribunal.
Abel Zamorano, quien actuó como magistrado fiscal tras la separación de Alejandro Moncada Luna, solicitó el llamamiento a juicio para el expresidente Martín Torrijos y un sobreseimiento definitivo para el diputado Carlos Afú.
En la vista fiscal expedida el 10 de julio de 2012, Zamorano pidió llamar a juicio a Torrijos por el delito de corrupción de funcionarios y que se le aplicara una medida cautelar de impedimento de salida del país. En el escrito Zamorano plantea que Torrijos procuró un beneficio personal ilícito y negoció la entrega de dinero a los legisladores de la Asamblea Legislativa por la realización de un acto propio de sus funciones y ocasionó un efecto nocivo para la institucionalidad democrática, la economía nacional y el imperio de la ley. También, que el dinero debía ser donado a una institución benéfica del país.
En el caso de Afú, el magistrado fiscal estimó que los hechos se dieron a la luz pública, porque en ese momento el legislador, luego de una reflexión personal, decidió voluntariamente exponer lo sucedido a la autoridad, denunciando a los participantes y entregando la suma de dinero que se le había ofrecido días antes.
Así mismo, destaca que no se puede solicitar a la Corte Suprema de Justicia que llame a responder criminalmente a Afú a pesar de que existen elementos probatorios en donde se indica que conocía el origen ilícito del dinero al momento de recibirlo. Detalla que al poner en aviso a las autoridades judiciales el imputado permitió el conocimiento del delito y el acceso a la información a la sociedad panameña, manteniendo colaboración con la justicia, por lo que se da la figura del arrepentimiento.
Juan Manuel Díaz C.