La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue imputada formalmente por los cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, el segundo procesamiento formal tras dejar la Presidencia hace un año.
Al explicar las razones, el juez detalla que Fernández mantuvo una estructura institucional creada por el expresidente Néstor Kirchner con personas de confianza, a través de la cual se garantizó que en 12 años, de 88 obras licitadas en Santa Cruz 52 se contrataron con empresas ligadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez, a través de métodos irregulares y con sobreprecios. A Fernández y otros cinco imputados se les impuso un embargo de $643 millones.