La expresidenta argentina Cristina Fernández deberá comparecer por segunda vez ante la justicia por la causa judicial que la investiga como presunta jefa de una organización criminal dedicada a sobornar empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública durante su mandato.
El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la investigación, citó el miércoles a la senadora, de 65 años de edad, a declaración indagatoria para el 3 de septiembre, informó el Centro de Información Judicial.
“Atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los ‘arrepentidos’, se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria”, explicó el magistrado en su resolución.
Apenas notificada, la exmandataria (2007-2015) manifestó en Twitter que “el dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual”.
Fernández, que ya compareció en esta causa hace dos semanas, niega los cargos en su contra por corrupción y sostiene que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno de Mauricio Macri para tapar la crisis económica.
Ayer miércoles, el dólar cotizó a 34.40 pesos por unidad, nuevo precio récord, pese al anuncio más temprano del presidente Mauricio Macri de un adelanto de fondos del Fondo Monetario Internacional para llevar calma a los mercados.
La causa judicial se inició después de que la justicia accediera a copia de anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por el chofer del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su mano derecha, Roberto Baratta.
El material, según el juez, reveló una organización delictiva, conformada por funcionarios y comandada por Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su sucesora y esposa Cristina Fernández. Entre 2008 y 2015, la maniobra permitió “la percepción de sumas de dinero ilegítimas”, aportadas principalmente por empresarios contratistas de la obra pública.
El mismo día en que Bonadío citó a Fernández, el máximo tribunal penal de Argentina declaró que los delitos en los que intervienen funcionarios resultaban imprescriptibles, es decir, que no pueden perder vigencia.
El pronunciamiento de la Cámara de Casación refiere al caso de la compañía estadounidense de tecnología IBM, que pagó sobornos por 120 millones de dólares a funcionarios para la informatización de la Dirección General de Impositiva durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).