La sesión del Senado para tratar el pedido de un juez para allanar tres propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en una causa por presunta corrupción fracasó ayer miércoles y fue pospuesta para la próxima semana.
La sesión no prosperó porque estaban presentes 36 senadores de los 37 que se necesitaban para dar puntapié al debate. Entre los ausentes estaba la propia Fernández, los integrantes del grupo opositor que la respalda, varios miembros del peronismo y dos del oficialismo que habían informado que estaban de viaje y con licencia médica.
El juez Claudio Bonadío pidió días atrás al Senado autorización para allanar dos casas de la expresidenta (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz y un departamento en Buenos Aires, el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue durante años el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios para adjudicarse obras públicas.
La autorización de los allanamientos habría supuesto un gesto simbólico de la clase política de permitir que la justicia avance contra la exmandataria, ya que el pedido del juez se conocía desde hacía dos semanas.
La titular del Senado, la oficialista Gabriela Michetti, fijó una nueva sesión el 22 de agosto para tratar el asunto.
“Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política... los senadores que no dan cuórum cometen un gran error”, se lamentó el senador oficialista Luis Naidenoff ante los colegas que esperaban sentados si otros legisladores iban a sumarse. El oficialismo no goza de la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
Coqueteos de la clase política
El peronista Miguel Ángel Pichetto también criticó que la sesión no prosperara al señalar que “el allanamiento es una medida de prueba que no define el rango de responsabilidad (de un sospechoso) y al magistrado no se le puede impedir llevarla adelante en esta investigación”.
Pero otros miembros del peronismo, espacio político bajo el cual se creó el kirchnerismo, no asistieron a la sesión.
Negación
Fernández negó el lunes ante la justicia ser la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas y se consideró una perseguida del Gobierno.
Fernández presentó un escrito en el juzgado federal a cargo del magistrado Claudio Bonadío en el que lo acusó de inventar causas en su contra. El contenido del mismo fue difundido por la también senadora opositora en las redes sociales.
“Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita”, dijo Fernández, quien cuestionó que por ese delito ya se encuentre “perseguida” en una causa en la que se investiga a empresarios beneficiados con contratos públicos y procesada en otras dos. Al respecto solicitó que otro juez unifique todas las pesquisas.
La exgobernante, que hasta ese momento no había hablado públicamente sobre estas nuevas imputaciones, llegó a la sede del tribunal en medio de grandes medidas de seguridad.
Allí se negó a contestar preguntas, como ha sido su habitual proceder en cada una de las otras tres ocasiones en las que el juez la citó en diversas causas.
Millonarios sobornos
En la causa que investiga la considerada mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina hay hasta ahora 14 detenidos, 12 arrepentidos, 1 prófugo y otros 14 investigados. Además de Fernández también aparece salpicado su fallecido exmarido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- al grupo de arrepentidos se sumó la víspera Claudio Uberti, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales y primer exfuncionario que, en calidad de imputado colaborador, afirmó ante el juez que le entregó bolsos con dinero a Kirchner delante de su esposa en la casa de gobierno.
Aunque inicialmente no figuraba entre las personas solicitadas por la justicia, Uberti fue mencionado por un exdirectivo de la empresa Techint, que poseía la mayoría accionaria de la siderúrgica venezolana Sidor, nacionalizada en 2008 por Hugo Chávez.
Uberti estuvo involucrado en un escándalo por el ingreso a Buenos Aires de una valija con 800 mil dólares supuestamente enviados por el gobierno de Hugo Chávez para contribuir a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
Ese caso nunca fue judicializado.
Según las versiones, empresarios han reconocido ante el magistrado haber pagado millonarios sobornos a funcionarios o haber contribuido bajo extorsión a las campañas electorales del matrimonio Kirchner.
La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado los sobornos.